La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, peticiono formalmente al Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y al actual Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, “a que no avalen ninguna solicitud de aumento de los combustibles por parte de las petroleras que quieren nuevos ajustes en los precios de los carburantes que se encuentran frenados desde el mes de agosto”.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, expreso que si bien es cierto que las empresas no necesitan autorización ni resolución oficial para remarcar los precios, los empresarios buscaran «consensuar» con el Gobierno Nacional los aumentos que quieren aplicar durante el último bimestre del año en las naftas y el gasoil.
Se fundó lo requerido en que, los directivos de las principales petroleras ya le anticiparon al Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda y al Ministro de Energía, Juan José Aranguren, que tienen en carpeta dos (2) incrementos del 5% para terminar de compensar el impacto en los costos que produjo la devaluación que sobrevino a fin del año pasado tras el levantamiento del cepo y la liberación del tipo de cambio.
Se recordó que a principios de 2016, Aranguren y las petroleras habían convenido una actualización gradual de los precios de los combustibles a lo largo del año.
Entre enero y mayo, subieron cuatro (4) veces acumulando un ajuste del orden del 30% que llevaron el valor promedio de las naftas más baratas a $1,70 el litro y el de las naftas premium, a casi $2 el litro.
Desde el Organismo de la Constitución se recordó que existe actualmente un Acuerdo para no incrementar las naftas, que vence en la primera semana de noviembre y por otro lado está la apuesta máxima de las petroleras en aplicar en dos veces la suba de un 10% que, según sus números, tienen pendiente para completar el desfasaje de la devaluación.
En principio, no se pondrían objeciones a las subas en juego, considerando que los aumentos deberían registrarse en lo que resta de este año para poder transitar el 2017 con los precios de los surtidores estables.
De esta manera, señalo Gialluca, reducirán el costo político en los primeros meses del próximo año cuando llegue la hora de autorizar además las subas tarifarias que ya están programadas para los servicios de gas y energía eléctrica.
Por último, se hizo fuerte hincapié en que la suba de combustibles, como siempre inmediatamente se traslada a los costos de todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria, de los servicios, de los medicamentos y producirá un mayor impacto negativo en el bolsillo y salarios de los trabajadores junto a los jubilados y pensionados.