“Desde hace unos cuantos meses que la Cooperativa de Servicios Públicos El Colorado Ltda., a través de su comisión directiva, viene cometiendo abusos económicos contra los clientes del servicio de energía eléctrica rural, el cual es prestado en el marco de su contrato de concesión, de la Ley 1.121, de otras normativas y de una serie de resoluciones dictadas por el EROSP, que la entidad cooperativa actualmente no observa ni cumple por lo que, actualmente, está prestando servicios fuera del marco de la ley”, denunció la Defensoría del Pueblo de la provincia.
El Ombudsman Provincial. José Leonardo Gialluca, dijo que: “En nombre y representación de vecinos de San Hilario, Tatané, y de otras localidades proveídas de energía eléctrica por la Cooperativa de Servicios Públicos el Colorado Ltda., se intimó a los representantes de la citada entidad para que, contando a partir de la recepción de la actuación Nº 3211/16 de del corriente año, emitida por la Defensoría, informen cuáles son las causas o motivos por las cuales, en las facturas que emiten actualmente, surge un valor del cargo fijo aplicado por encima de lo que establece el último cuadro tarifario vigente aplicable.” Va de suyo que, en este caso, existe sobrefacturación, la cual repercute directamente en forma negativa en el bolsillo de los usuarios de la cooperativa”, dijo Gialluca. Por otra parte, se exhortó a la entidad a que “aclare ¿en concepto de que se encuentran cobrando adicionales en las facturas de servicios, como por ejemplo el bono solidario?, al que se le suma el cobro de $6 por kilómetro por tareas de mantenimiento que deben pagar los usuarios, “todo ello, decisiones adoptadas por fuera del marco normativo que la rige”. Ante esta situación, Gialluca la instó a normalizar también la prestación del servicio ya que afirmó “son los propios usuarios, clientes de la cooperativa, quienes denuncian una total disconformidad por los permanentes cortes de energía que duran varias horas, a lo que le agregan las bajas de tensión que han averiado diferentes artefactos eléctricos y señalan los vecinos que estas fallas podrían obedecer a que los transformadores que instala la cooperativa son muy pequeños y así, en la actualidad, se encuentran con un servicio de alto costo, económicamente hablando, y de muy mala calidad”.
De no realizar un cese en estas irregularidades y además a reintegrar a todos los usuarios lo cobrado arbitraria y unilateralmente, se solicitará al Ente Regulador adopte las medidas que se encuentran dentro de su competencia.
Las medidas pueden ir desde una intervención de la actual comisión hasta la decisión de acudir a la Justicia “para que no se hagan cesar los abusos hacia los asociados, garantizándose sus derechos y potestades constitucionales, máxime cuando ha sido la propia Corte Suprema quien estableció que en el caso de servicios públicos, cuando se modifican precios, estos además de legales deben ser razonables y en este caso, lamentablemente, la cooperativa no está aplicando tales criterios, por causas o motivos que desconocemos y si persisten en dicha actitud, lo único que se obtendrá es un mayor perjuicio para todos los vecinos de las distintas localidades en las cuales pretende prestar un servicio público esencial”.