Desde hace unos cuantos meses que la Cooperativa de Servicios Públicos “El Colorado Ltda.”, a través de los Responsables de su actual Comisión Directiva, vienen cometiendo graves abusos económicos contra todos sus clientes del servicio de energía eléctrica rural, que prestan en el marco de su Contrato de Concesión, de la Ley 1.121, de otras Normativas y de una serie de Resoluciones dictadas por el EROSP, que no observan ni cumplen y en consecuencia se ha colocado fuera de la ley.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, en nombre y representación de vecinos de Localidades de San Hilario, Tatané, y de otras Comunidades, Intimó a los Representantes de la Cooperativa antes citada, contando a partir de la recepción de la Actuación Nº 3211/16 de fecha 3 de octubre del corriente año, informen cuales son las causas o motivos por las cuales en las facturas que emiten actualmente, “surge un valor del cargo fijo aplicado por encima de lo que establece el último cuadro tarifario vigente aplicable”. Va de suyo que, en este caso existe el típico delito de sobrefacturación y que repercute directamente en forma negativa en el bolsillo de los usuarios de la Cooperativa.
Asimismo, se exhortó a ésa Entidad a que aclare en concepto de que se encuentran cobrando adicionales en las facturas de servicios, como por ejemplo el Bono Solidario, al que se le suma el cobro de $6 por km por tareas de mantenimiento que deben pagar los usuarios, “todo ello, decisiones adoptadas por fuera del marco normativo que la rige”.
Ante ésta situación, desde el Organismo de la Constitución, se la Instó a normalizar también la prestación del servicio, ya que son los propios usuarios, clientes de la Cooperativa, quienes denuncian una total disconformidad por los permanentes cortes de energía que duran varias horas, a lo que le agregan las bajas de tensión que han averiado diferentes artefactos eléctricos y señalan los vecinos que estas fallas podrían obedecer a que los transformadores que instala la Cooperativa son muy pequeños y así en la actualidad, se encuentran con un servicio de alto costo económicamente hablando y de muy mala calidad.
Por último, el Organismo de la Constitución señaló que, de no realizar un cese en éstas irregularidades y además a reintegrar a todos los usuarios lo cobrado arbitraria y unilateralmente, se solicitará al Ente Regulador adopte las medidas que se encuentran dentro de su Competencia y que pueden ir desde una Intervención de la actual Comisión hasta la decisión de acudir a la Justicia para que no se continúe con los permanentes abusos hacia los usuarios y se garanticen sus derechos y garantías constitucionales, máxime cuando ha sido la propia Corte Suprema quien ha establecido que en el caso de Servicios Públicos, cuando se modifican precios, éstos además de legales deben ser razonables y en este caso lamentablemente la Cooperativa no está aplicando éstos criterios, por causas o motivos que desconocemos y si persisten en dicha actitud, lo único que se obtendrá es un mayor perjuicio para todos los vecinos de las distintas localidades en las cuales pretende prestar un servicio público esencial.