Como consecuencia de los permanentes reclamos personales, vía telefónica, correos electrónicos, de ciudadanos que poseen el Certificado Único de Discapacidad, – y que concurran a la Defensoría del Pueblo, ante la negativa injustificada de las empresas de transporte de nuestro medio de no otorgarles los pasajes para sí y en los casos autorizados para sus acompañantes, a pesar de presentar la documentación exigida por la normativa vigente y con antelación necesaria; el Organismo de la Constitución Provincial procedió a dictar la Resolución Nº y por la cual Exhorto a todas las empresas de pasajeros de media y larga distancia a que cumplan con las normativas que regulan la protección integral de las personas con discapacidad (Leyes Nº 22.431- 24.901- 23.660 y 25635, Decreto PEN Nº 38/04, modificatorias y complementarias); en el Art 2º Insto a las aproximadamente 14 empresas que tocan plataforma en la ETOF a que no exijan , “otras documentaciones que no están contempladas en la Ley a los efectos de ser beneficiarios, como por ejemplo Declaraciones Juradas , Certificaciones Policiales, etc., por ultimo sugirió a todas las empresas a que capaciten a sus empleados en cuanto a las normativas aplicables en esta materia , su vigencia y aplicabilidad, como así el trato digno y respetuoso que se tiene que dar a todas las personas con alguna discapacidad y para ello deben respetar el deber a informarles adecuadamente como proveedores del transporte público de pasajeros en el marco de la Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación.
El Ombudsman Provincial advirtió que, “si las empresas de transporte no cumplen con el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, daremos intervención a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, para que sancione a las mismas, con las multas ya previstas”.
Asimismo señalo que se viene trabajando también por la falta de cumplimiento a la Ley 26.928 que señala la gratuidad en el transporte en todo el país para las personas trasplantadas y en lista de espera. Pediremos a la Legislatura Provincial que se adhiera a la Ley Nacional y todos los empresarios deberán aceptar los Certificados del INCUCAI y no ampararse como lo hacen también con los discapacitados que no tienen cupos o que están completos cuando van a una boletería.
Se debe tener en cuenta que el porcentaje de esta población altamente vulnerable no constituye una cifra en la ecuación económica vaya a poner en riesgo financieramente a las empresas, máxime cuando hace poco tiempo subieron el precio de sus pasajes y tienen la posibilidad de realizar una degradación impositiva por el monto de los mismos o que el Estado Nacional se los reconozca como un subsidio especial.