Desde la – Dirección de Derechos del Consumidor, Usuario y Contribuyentes, Relaciones de Consumo-, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, considero como auspicioso que el Ministro de Energía, Aranguren , tenga ahora un “Consejo Consultivo”, integrado por Ex Secretarios de Energía de distintos Gobiernos Nacionales.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que si bien en el tema de tarifas es importante toda la parte técnica , no menos cierto es que “lo social, económico, climático , extremos estos que ya han sido señalados por la Corte Suprema , como que deben ser tenidos en cuenta al momento de la fijación del precio a pagar por servicios públicos esenciales , según regiones o zonas”, va a ser fundamental en las próximas Audiencias Públicas, pero todo señala que el Gobierno Nacional sigue empecinado en establecer aumentos “provisorios del 300%” , para luego continuar el año que viene con nuevos incrementos tarifarios , lo que generara más judicialización, pues la ecuación es simple: “los servicios públicos como la energía y el gas son Derechos Humanos Esenciales y se debe establecer por parte del Estado, tarifas que sean pagables por todos”.
El nuevo Consejo estará integrado Emilio Apud (secretario de Energía en 2001 durante el gobierno de la Alianza); Julio César Aráoz (ocupó esa área entre 1989 y 1990); Alberto Enrique Devoto (secretario entre 2002 y 2003); Alieto Guadagni (entre marzo y agosto de 2002); Jorge Lapeña (subsecretario de Planificación Energética entre 1983 y 1988); Daniel Montamat (de 1999 a 2000) y Raúl Antonio Olocco (entre junio y julio de 1989).
El nuevo organismo tendrá como objetivo «brindar opinión según lo requiera el Ministerio de Energía respecto del desarrollo e implementación de políticas energéticas concebidas para el mediano y largo plazo, sobre la base de criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo sustentable».
Resulta necesario debatir y evaluar diversos aspectos relativos a la política del sector, a fin de generar consenso sobre medidas y proyectos con el objeto de facilitar su implementación y ejecución; siendo preciso, además, iniciar un proceso de comunicación y consulta con diversos sectores de la sociedad, incluyendo a organizaciones políticas, instituciones académicas, organizaciones de consumidores, industriales, entre otras.