En representación de la universalidad de usuarios de la Provincia de Formosa, la Defensoría del Pueblo insto al Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y al actual Interventor de Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Don David Tezanos González, que no se puede hacer una única Audiencia Pública para el tarifazo del gas, pues las situaciones y realidades de cada provincia o región son profundamente diferentes.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denuncio por otro lado, que no hemos podido tener información sobre todo el expediente y que quienes quieran participar deberán viajar a Buenos Aires, agravándose la situación pues la inscripción aún no se determina si se podrá hacer de otra manera que no sea presencial. Nadie informa absolutamente nada y los expedientes están restringidos.
En nuestro caso, nos solidarizamos con los que ya tienen gas por redes y que se encuentran con la imposibilidad de discutir el precio de gas en boca de pozo, cuando la mayoría de los técnicos señalan que en la Resolución de Convocatoria este punto no es claro y representa el 70 % de la factura y por otro lado que el aumento tiene que ser como mucho del 100% y si quieren cobrar más nos tendrán que explicar las causas y los motivos.
El Organismo de la Constitución Provincial, se inscribirá el día lunes próximo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la intervención conjuntamente con las Defensorías del NEA apuntara a que el Gobierno Nacional garantice un fondo o ítem de financiamiento para concretar las redes secundarias y las domiciliarias, tal cual las tiene el resto del país y no quede esta región del NEA, únicamente como territorio de paso del gasoducto que hoy inclusive está sumamente atrasado.
Si esto no se aclara, entendemos que el Gobierno no aprovechara la Audiencia Pública, pues lo único que le interesa es que las tarifas suban si o si, y como nadie niega que debe haber una revisión, lo lamentable de esto es que no se define una verdadera política energética que tenga legitimidad y que determine los precios de generación (boca de pozo), los de las distribuidoras y las del transporte, como también debería hacerse en la energía eléctrica con la próxima Audiencia Pública que ordenara la Corte Suprema; fijándose para los usuarios residenciales, “precios pagables y al alcance del bolsillo y de la economía de cada hogar”.