Luego del Fallo de la Corte Suprema por el cual suspendió el incremento de las tarifas de gas y ordeno que se hagan Audiencias Públicas en las cuales se informe debidamente a todos los usuarios y se les otorgue la participación ciudadana correspondiente, para que posteriormente se confeccionen los Cuadros Tarifarios, pero siempre teniendo en cuenta las realidades económicas sociales climáticas y culturales que se exponen en dicho ámbito; en este contexto la Defensoría del Pueblo de la Provincia llevo a cabo un relevamiento en distintos barrios de nuestra ciudad capital y también en ciudades y comunidades del interior provincial, en relación a cuál debería ser el aumento de la energía eléctrica en nuestra provincia; y dividiendo los usuarios en residenciales, comerciales y Pymes, el 95% de los usuarios residenciales afirmaron que están de acuerdo en que se haga una revisión en los precios de la energía, pero al mismo tiempo pidieron participar en una Audiencia Pública donde se les explique las distintas composiciones o ítems que posee la Tarifa Energética que pagan mensualmente y además rechazaron totalmente las subas del 400% aproximadamente que implemento el Gobierno Nacional pues son impagables y señalaron que las subas en la energía deben tener siempre en cuenta las condiciones socioeconómicas de cada usuario o sectores, y además que se evalúen los consumos que debemos hacer en nuestra provincia por las altas temperatura.
En el mismo sentido los usuarios comerciales y las Pymes, pidieron que la Corte Suprema las incluya en la anulación del tarifazo de gas y energía, puesto que sino expresaron, no podrán continuar manteniendo los costos y gastos que deben afrontar en la actualidad.-
Las Pymes señalaron que se ven abandonadas por parte del Gobierno Nacional ya que la Corte Suprema las excluyo del beneficio de frenar las tarifas de gas al igual que los comercios y reiteraron su pedido de ser también incluidas en los nuevos valores tarifarios que se dictaran luego de la Audiencia Pública, pues de lo contrario denunciaron la arbitrariedad de estos aumentos y señalaron que acudirán a la justicia.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, coincidió con estas posturas y recordó que en el voto del Dr. Horacio Rosatti el mismo señalo: “que en miras a garantizar la razonabilidad de un servicio público esencial es imprescindible que exista una clara diferenciación de Sectores y Regiones, con atención especial a los más vulnerables. En efecto el Art. 16 de la Constitución Nacional no impone una rígida igualdad, por lo que tal garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferente atribuyéndose a su prudencia una amplia libertad para ordenar y agrupar, en la medida en que las distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o en un indebido privilegio personal o de un grupo.”