Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa luego de la sesión especial que se llevara a cabo en el Congreso de la Nación y donde el actual Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendiera el tarifazo de la energía eléctrica y del gas en todo el país, discutiéndose una serie de cuestiones que no ayudarán a los usuarios y ahora con el Dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó quien se pronuncio a favor de mantener suspendidos los aumentos en las tarifas hasta tanto se realicen las Audiencias Públicas dispuestas por Ley, restaría que se expida la Corte Suprema de la Nación.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que la incertidumbre originada entre los usuarios residenciales, comerciales y además en las PyMES y también en las distribuidoras energéticas, es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. El rol del Estado en la actualidad se asemeja exclusivamente a un sujeto económico y el mismo no es una empresa, por ello debemos insistir y exigir que el Estado Nacional cumpla con su verdadera función de Ordenador Social y en el tema tarifario al no desempeñar acabadamente sus obligaciones se dan las improvisaciones y marchas mas contramarchas causando fuertes y graves perjuicios económicos desde hace meses a todos los usuarios, PyMES y a los productores de bienes y servicios .
Considero el Funcionario que la Corte Suprema tiene ahora además de un problema de ilegalidad, un problema de legitimidad; puesto que el tarifazo no solamente es ilegitimo porque es impagable para muchas franjas sociales, es ilegitimo también porque debe resolverse sobre servicios públicos esenciales, esto es el acceso a la energía, al gas que también hacen al respeto de Derechos Humanos Primordiales reconocidos por Tratados Internacionales que ha firmado y adherido la Argentina y se encuentran vigentes.
Por otra parte afirmo que si una política pública es conveniente o no para los usuarios, excede el ámbito de la revisión judicial que hará la Corte Suprema y en este contexto, “adelantó que el Tribunal seguramente obligara al Gobierno Nacional a cumplir con la Constitución Nacional, Art Nº 42 , con la Ley de Creación del ENRE, con los Derechos Económicos, Sociales y Políticos y con los Tratados Internacionales, por ello los usuarios tendremos Audiencias Públicas y de las mismas surgirán los precios que debamos pagar por la energía eléctrica o por el gas , pero siempre teniendo en cuenta las condiciones climáticas , de ingresos y culturales de cada región del país, que es tan amplia y por ello nadie en su sano juicio y apego a la Ley podría desconocer lo antes mencionado.