La – Dirección de Servicios Públicos, Prestaciones, Bienes y Servicios-, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, afirmo que la nueva propuesta del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, de llamar a “Audiencias Informativas y no Publicas”, no solamente le impiden el legitimo derecho de participación a los usuarios, sino que nuevamente se violenta nuestra Constitución Nacional y se abre así la posibilidad de una mayor judicialización al tema del tarifazo energético y de gas.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denuncio que el Estado Nacional, continua incumpliendo con sus obligaciones y por ello las Audiencias a las que llamara el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, pretende “retocar las irregularidades ante la justicia , pero generara mayor confusión, pues estas “Audiencias Informativas ad hoc” para explicar el estado del sector energético y argumentar porque se decidió aumentar las tarifas de luz y gas en forma tan drástica, insistiendo de que no es necesaria una Audiencia Pública, e intentando conformar a la Corte Suprema, no es lo que estamos pidiendo como Representantes de todos los usuarios y consumidores de Formosa.
Gialluca señalo que, se tienen que hacer las Audiencias Públicas, no solamente para cumplir con la Constitución y con las Leyes dictadas en consecuencia, sino que no se puede estar “condicionando a la Justicia; manifestando que sería muy grave que se falle contra los aumentos de tarifa porque se necesitarían 22 millones de pesos para reponer subsidios o que el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Germán Garavano, afirme que hay tribunales que pretenden gobernar y marcar la política energética. Pareciera que este funcionario no conoce o lo más preocupante es que no le interesa, la división de poderes , “pues ha exhortado a la Corte Suprema de Justicia, a que ordene algunas cosas …”, cuando las políticas públicas , son impuestas, planificadas, desarrolladas e instrumentadas siempre por el Poder Ejecutivo, quien en este caso ha decidido trasladarle a la Justicia una tarea que no es de su competencia y los que sufren las consecuencias, somos los usuarios, pues cada día que pasa se profundiza aún más la incertidumbre acerca de que se debe pagar y que deben cobrar las distribuidoras o cual es el cuadro tarifario que está vigente .