Ante lo insostenible y gravísimos perjuicios que se causan a ciudadanos que no pueden transitar libremente la ruta nacional nº 11, cortada ilegalmente por un grupo minúsculo de ciudadanos integrantes del barrio Toba de Clorinda, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se denuncio por una parte la inacción de Gendarmería Nacional y de la Justicia Federal para impartir las ordenes necesarias dentro de sus competencias y conforme a las normativas vigentes, como así también, “el cambio permanente de pedidos del Representante de los manifestantes Sr. Andrés Caballero, quienes primero cortaron la ruta nº 11 para que se finalice el trabajo de las viviendas, todo lo que ya fue aprobado por el Concejo Deliberante de Clorinda y en mas se ampliaran trabajos que están en ejecución en estos momentos, como los relativos a enripiado, limpiezas de cunetas y otros”; y por último la injerencia incomprensible de Diputados Provinciales de la oposición que “están haciendo lo imposible para mantener este corte y obtener otros en diferentes lugares de la provincia, como es el caso de la Comunidad de La Primavera y de otras Comunidades de nuestro oeste provincial; con la idea de que esta manera se perjudica a los gobiernos municipales y al provincial, no dándose cuenta, que los únicos damnificados son los ciudadanos que por razones de salud, que necesitan comerciar o trasladarse de un lugar a otro no lo pueden hacer, por estas medidas ilegitimas, en donde nadie en democracia puede apoyar o estar de acuerdo sin violar la ley”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca pidió expresamente a la Diputada Mirna Molina, que colabore con las Instituciones y con la ley para poder facilitar el libre tránsito por la traza nacional nº11. De lo contrario no podemos trabajar a favor de los ciudadanos de nuestra provincia, porque podemos asegurar que existen miles que también necesitan una vivienda u otros servicios esenciales y no por ello salen a cortar una ruta y en esto existe plena libertad para quien quiera hacerlo, lo único que si pedimos es que la Justicia Federal actué y se los impute por el o los delitos previstos, ya que de lo contrario se producen una serie de daños y perjuicios a miles de ciudadanos que tienen todo el derecho de transitar una ruta y para ello está la justicia que le debe garantizar esa posibilidad y que no se diga que es la única forma o modo de que sus demandas son atendidas, pues ya hemos interpuesto todas las solicitudes correspondientes y el ámbito de la Defensoría se encuentra a su entera disposición para realizar todo tipo de gestiones y acciones a favor de cualquier sector o comunidad de nuestra provincia.-