La Defensoría del Pueblo, remitió un formal reclamo contra el Ministerio de Comunicaciones, creado por Mauricio Macri, quien designó como titular del mismo a Oscar Aguad, mediante el Decreto Nº 13/15, trasfiriendo la AFSCA y la AFTIC a su órbita y originando el ENACOM.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que la autorización que se está por otorgar a las empresas telefónicas para que aumenten el abono residencial – no los pulsos-, que está congelado en $13 más IVA, y que a partir de la primer quincena de mayo, aumentara a $45 o $50 más IVA, representa otro incremento de servicios esenciales en un 240%.
El Defensor se opone a esta medida y señalo que una de las características del sector de comunicaciones hace que solo haya unos pocos grandes actores, y entonces el Estado Nacional tiene un importante papel que jugar en la protección de los consumidores. El servicio básico telefónico hace unos años tenía tarifas reguladas que fijaba el Estado, pero la Ley Argentina Digital sancionada en el año 2014, “desregulo el sector y las tarifas son libres y prueba de ello es que el año pasado las empresas telefónicas aumentaron el abono, de las categorías comercial y profesional”.
Gialluca aseguro, “que es deplorable el servicio que brinda en esta parte del país, Telecom, al punto de que prácticamente no le solucionan ningún inconveniente técnico a los usuarios, y ni hablemos de ampliación de líneas , ya que miles de formoseños no pueden acceder a este servicio y todo el trabajo – de calle-, ha sido tercerizado a empresas como Fabrica, que no tienen domicilio constituido, ni representantes y por ello en la actualidad, los usuarios esperan meses un arreglo y años una instalación nueva”.
Por esto y por el abuso de -posición dominante-, mas la inexistencia de Audiencias Públicas para dar participación a los usuarios, es que peticionamos que el Ministerio de Comunicaciones como Autoridad de Aplicación haga previamente un estudio de la estructura de costos de las empresas telefónicas y se podrá encontrar que están cobrando sumas por encima de lo que invierten y con un servicio totalmente irregular. Por otro lado es necesario establecer que todas las llamadas que se hacen dentro del país tengan un precio único local en lugar de valores de larga distancia nacional pues así lo establece la normativa vigente.