Desde la Defensoría reafirman que la resolución del Ministerio de Energía de la Nación es irracional e inconstitucional.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, por intermedio de su Dirección de Defensa de los Consumidores, Usuarios, Contribuyentes y Relaciones de Consumo, reafirmó su postura respecto de considerar “irracional” a la medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el cual, implica que la Distribuidora local, REFSA, conforme lo afirmado desde la misma, deba incrementar hasta un 250 % la facturación final que llegará a los usuarios de energía eléctrica de la Provincia. El Organismo de la Constitución, interpuso una Acción de Amparo, ante la Justicia Federal, solicitando que se suspenda la aplicación del aumento a todos los formoseños, como medida cautelar y hasta tanto no se cumplan con los procedimientos legales establecidos por la Constitución Nacional y las Leyes de la Nación, para la constitución de nuevas tarifas.

En este sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, tachó a la medida de “inconstitucional” pues implica una directa afectación de los intereses económicos de todos los usuarios, amparados por el Art. 42º de la Constitución Nacional, sin que los mismos hayan sido debidamente informados, por el mecanismo de la Audiencia Pública, establecido por la Ley Nacional Nº 24065. En el marco de la causa judicial que tramita por ante el Juzgado Federal, se ha corrido traslado de la demanda de la Defensoría al Gobierno Nacional, el cual deberá emitir un informe que será cotejado por el magistrado interviniente quien, en definitiva, decidirá sobre la procedencia de la Medida Cautelar y la Demanda de Fondo, la cual, plantea la Inconstitucionalidad de la Resolución Nº 06 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la solicitud de “Amparo” para todos los usuarios de la Provincia, habida cuenta que el impacto del tarifazo, como afirma el Ombudsman Provincial, no podrá ser soportado por los sectores económicamente más vulnerables y la quita abrupta de subsidios dará un golpe definitivo a las familias carenciadas que, sólo merced a la ayuda estatal, hasta el momento, podían disponer del servicio de energía eléctrica el cual, debe recordarse, es un servicio público, es decir, debe estar al alcance de todos.-”