La -Dirección de Derechos del Consumidor, Usuarios y Contribuyentes, Relaciones de Consumo-, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, remitió en el día de ayer, una Actuación en nombre y representación de los consumidores de nuestra jurisdicción al actual Ministro de Energía y Minería, Ing. Juan José Aranguren y donde se le planteo la necesidad de que arbitre las medidas necesarias para impedir que en marzo aumenten los combustibles nuevamente en un 6%; puesto que autorizaciones y medidas económicas de este tipo en el actual contexto inflacionario que padecemos los consumidores, hará que continúe disminuyendo nuestro poder adquisitivo ya que como siempre toda suba en este rubro se traslada antes, durante y posteriormente a todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria y a los diferentes servicios que utilizamos diariamente.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca afirmo que las quejas por los aumentos de precios se potenciarán próximamente debido al ya confirmado incremento del precio de la nafta, que en marzo volverá a subir, a pesar de que el valor del petróleo está en caída libre y el combustible baja en casi todo el mundo.
Esta noticia fue confirmada en el día de ayer por Luis Malchiodi, titular de la Federación de Entidades Independientes Expendedoras de Combustible. En cuanto a las razones que impulsan este nuevo incremento, el dirigente señaló que «hay insumos que no se pueden manejar con pesos» porque son productos importados, y a eso se suma «la variante de los nuevos salarios»; todo eso –apuntó- obligará a «hacer un ajuste en los precios de los carburantes”.
Desde el Organismo de la Constitución, se señalaron que al haber consultado con distintos propietarios y/o responsables de Estaciones de Servicio de nuestro medio, señalaron que la fuerte carga impositiva que el combustible tiene en el país; siendo que el 70% del precio del litro se destina al pago de impuestos, lleva a que se distorsione el costo final. Pero desde la Defensoría del Pueblo, señalaron “que todos los últimos aumentos que vienen operándose desde enero a la fecha, recaen sobre los usuarios y consumidores y los únicos que tienen un paraguas protector del Estado Nacional, son los grandes grupos económicos y las empresas”.