Desde la -Dirección de Derechos del Consumidor – Usuario y Contribuyente -Relaciones de Consumo – de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa y superado lo más grave del conflicto sindical – gremial que se planteo en nuestra ciudad en relación al transporte público de pasajeros, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, expreso que de ahora en adelante se presentan dos importantes frentes de trabajo; uno en el cual la Justicia Ordinaria debe actuar con todo el rigor que nuestro Código Penal determina, para los Autores Materiales y también Intelectuales a determinarse, ya que los formoseños debemos saber quiénes financiaron y planearon estas acciones delictivas, recordemos que existen detenidos ciudadanos de: (48 de Misiones, 36 de Corrientes, 7 de Formosa que integraban la comisión directiva de UTA, 1 de Buenos Aires, 1 de Santiago del Estero y 2 del Chaco) los que estuvieron a punto de desatar una “verdadera masacre” en nuestra Ciudad, poniendo en riesgo la integridad psicofísica hasta de los vecinos que residen en la zona del local de UTA – Formosa.-
El otro frente está referido a la exigencia que hacemos desde el Organismo de la Constitución, en base a lo previsto en el Art. 153 de nuestra Carta Magna y por la cual demandamos soluciones razonables, reflexivas y no –interesadas- para dar una solución de fondo al Servicio Público Esencial de Pasajeros. Por ello y siendo que existen un cambio de Autoridades a nivel Municipal en nuestra Capital, hemos pedido que se prorroguen como provisorias hasta fin de año las líneas que han sido llamadas a licitación y de esta manera permitir que el nuevo Intendente electo junto a los también nuevos Concejales determinen en base a antecedentes, nuevas políticas para el transporte público en nuestra ciudad que se quieran implementar, como otras exigencias en las que se deberá ineludiblemente, “condicionar legalmente a través de los Instrumentos pertinentes, que quien preste el servicio de transporte publico de pasajeros, cumplan en la práctica con las frecuencias en todas las líneas, no disminuir unidades de servicios los fines de semana o feriados, respetando siempre a todos los usuarios, con choferes que otorguen un “trato digno” a los pasajeros, que se verifiquen las obligaciones hacia los discapacitados y que en definitiva, “el transporte publico sea algo normal y no un “calvario para los usuarios” y para ello debe existir una fuerte fiscalización y control sobre el mismo, ya que de lo contrario, por experiencia los únicos perjudicados son los vecinos y los empresarios no deben tener ninguna injerencia en lo que respecta al modo de prestación, recayendo para los citados únicamente obligaciones y los derechos deben estar siempre en manos del Poder Concedente y de los Usuarios”.