En el día de ayer, en horas de la tarde desde la Defensoría del Pueblo, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, acompañado del Delegado de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Nestor Santander, y los Asesores Legales Dra Maria Eugenia Pereyra y el Dr. Ruben Borgner, concurrieron al corte de la Ruta Nacional Nº11 en adyacencias del Barrio Namqom e iniciaron un espacio de dialogo con mujeres y hombres que se encontraban sobre la cinta asfáltica, en un total de aproximadamente 40 personas, destacándose la presencia de varios menores de edad en el lugar. El Ombudsman Provincial explico que en el día de la fecha se peticiono un formal Informe de los acontecimientos a la Policía de la Provincia de Formosa, para poder contar con todos los antecedentes necesarios y actuar en consecuencia.

Los manifestantes expresaron que el motivo por el cual “estaban cortando la ruta era que no se respetaba el orden de entrega de las viviendas para las familias aborígenes del lugar y que además el Sr. Pablo Sosa del -ICA – supuestamente digitaba a quienes se les daban las viviendas, hecho este ultimo que estaba causando ahora y desde hace tiempo, mucha bronca entre los originarios”. Hicieron entrega de un listado confeccionado por ellos mismos de aproximadamente 80 familias de las cuales 50 ya estaban censadas y relevadas por el IPV y ya tienen su terreno donde viven actualmente y también sitio donde se les construirá la vivienda a cada familia. Desde la Defensoría del Pueblo propusieron terminar conjuntamente con el IPV el relevamiento de las familias no censadas y confeccionar un listado de modo tal que se respete irrestrictamente el orden de entrega de las mismas, para evitar todo tipo de malos entendidos y levantar la medida de fuerza, ya que también se les informo que estaban cometiendo un delito contemplado en nuestro Código Penal.

Por último se señalo, “que participaron de la reunión, mujeres y hombres del Barrio Namqom, que ya poseen viviendas construidas por el Estado Provincial y que evidentemente – su única misión y objetivo era la de obstruir el dialogo entre las partes, por vaya a saber que intereses”. Esto produjo gran malestar entre las familias de originarios que realmente querían y quieren una solución al tema habitacional y que son consientes de que todo tiene su tiempo y trámite administrativo, por ello sobre todo mujeres aborígenes se comprometieron a concurrir en el día de la fecha por la Sede de la Defensoría del Pueblo, para continuar con las gestiones y acciones que sean necesarias y de este modo levantar la medida de fuerza.-