Señalaron desde la Defensoría del Pueblo que, el Proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno Nacional y que conforme a la C.N. y Ley N.° 24.156 de Administración Financiera, debe ser tratado por la Cámara de Diputados, siendo esta la de origen y habiendo ingresado por ante la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, que preside Benegas Lynch, propone eliminar el sistema de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, lo que tendrá un fuerte impacto negativo en nuestra provincia. Frente a ello, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente a su Pdte. Menem, Martín, a su Vpdta. Primera Moreau, Cecilia, a los Diputados Nacionales por Formosa, Graciela de la Rosa, Luis E. Basterra, Atilio Basualdo y Gerardo G. González, no aprueben el art. 39 del citado proyecto, el cual modifica el art. 7 bis de la Ley Nº 24.901.
Fundó el requerimiento en que la eliminación del arancel único de discapacidad, impactará negativamente en la Provincia de Formosa de manera crítica, profundizando las desigualdades geográficas e institucionales en el acceso a la salud y la educación terapéutica. Al desregularse el nomenclador nacional, los valores de las prestaciones dejarán de ser homogéneos y pasarán a negociarse de forma individual entre cada obra social, prepaga o el Estado y cada prestador.
En Formosa, esta medida originará consecuencias como:
* Una fuerte desigualdad territorial y fuga de profesionales: Bajo el esquema propuesto, las entidades financiadoras tendrán mayor poder para imponer precios de manera discrecional. Al no existir un piso arancelario garantizado por ley, las provincias alejadas de los grandes centros urbanos -como Formosa-, quedan más expuestas a la precarización de los contratos. Esto desincentiva a los profesionales locales (psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos) y provocará una reducción o migración de especialistas hacia otros lugares con mejores acuerdos de pago.
* Causará grave presión sobre el Sistema de Salud Provincial: Al habilitarse aranceles diferenciados por financiador, las obras sociales con menor capacidad económica u operativos locales, como la provincial, fijarán valores más bajos, por lo que, si los prestadores privados o los centros terapéuticos locales rechazan estos montos por no cubrir los costos operativos, las personas con discapacidad se verán obligadas a recurrir al Sistema de Salud Público de Formosa, sobrecargando hospitales y centros asistenciales estatales que deberán absorber la demanda de tratamientos e insumos.
* Peligro de cierre de centros e instituciones terapéuticas: El sector de la discapacidad arrastra una crisis de financiamiento prolongada y la fragmentación del arancel único pondrá en jaque la sostenibilidad económica de las escuelas especiales, centros de día y hogares terapéuticos que operan en Formosa. Al no contar con un valor de referencia indexado de forma automática, muchas de estas instituciones locales podrían enfrentar el cierre definitivo, dejando a decenas de familias sin alternativas de atención.
* Desintegración en la calidad de la atención: La Defensoría del Pueblo alertó que la desregulación producirá «usuarios de primera, de segunda y de cuarta categoría», dependiendo del poder adquisitivo de su cobertura de salud. Gialluca afirmó que, “el Gobierno Nacional no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad”, mientras se continúa con el debate parlamentario de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, ahora se suman modificaciones normativas aprovechando la discusión presupuestaria, “las cuales representan un desmantelamiento de la Ley citada”, calificando de grave el contenido del Presupuesto 2027 y sostuvo que el mismo implica un retroceso al modelo de “invalidez laboral”, alejándose del enfoque de Derechos Humanos consagrado por la Convención Internacional, eliminando también, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), como vía legal directa para acceder a una pensión, dejando los requisitos de acceso sujeto a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
En definitiva, si se aprueba el Presupuesto tal como está, desregulando el nomenclador, significará convertir derechos fundamentales de las personas con discapacidad en mercancías, pues, quien tenga recursos, accederá a tratamientos y quienes no los tengan, serán excluidos.