El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, íntimo al actual titular de la Secretaria Nacional de Discapacidad Dr. Alejandro A. Vilches, como así también, al Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, a cargo de Esteban R. Giler, “normalicen todas las nuevas solicitudes de los años 2025 y del 2026 de Pensiones No Contributivas (PNC), en atención a las fuertes demoras existentes que llegan hasta más de 12 meses para su aprobación”.
El Funcionario Provincial, señaló que el cruce de datos y revisión de expedientes, como consecuencia de los fallidos procesos de Auditorias Médicas impulsadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei, han originado un verdadero “cuello de botella” administrativo en la evaluación de los nuevos expedientes que van ingresando al sistema. Frente a ello, para los casos en que ya paso el año de espera o figura como “paralizado” o en “evaluación”, estamos interponiendo los Reclamos Administrativos exigiendo su reactivación y en caso de negativa presentaremos los Amparo por Mora, dado que existen situaciones de urgencias o de suma vulnerabilidad. Gialluca, señaló que “unas 150 mil pensiones que habían sido dadas de baja durante las Auditorias Médicas masivas, terminaron siendo restituidas y en Formosa sus beneficiarios cobraron incluso los retroactivos”. Recordó que la salida de Diego Spagnuolo y el “escándalo judicial por irregularidades” llevó a que la Secretaria de Discapacidad adopte nuevas pautas y que se generen las fiscalizaciones con todas las garantías necesarias para evitar abusos contra las personas con discapacidad. En febrero de 2025 el Gobierno Nacional envió las primeras 300 mil cartas documentos para auditar más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y donde el actual Interventor Vilches, debió tomar distancia de aquella metodología donde “no se citaba debidamente a las personas o se las obligaba a concurrir a lugares alejados de sus residencias, provocando los incumplimientos y posteriores suspensiones”.
Hasta la fecha con la nueva ley de discapacidad promulgada y reglamentada parcialmente “ya que solo se fijaron 8 artículos de los 18 previstos” quedando afuera los Capítulos Económicos, desde el financiamiento hasta la actualización de aranceles. Gialluca, afirmó “que esta no fue una reglamentación impulsada por un programa de políticas públicas sino de una instrumentación- compulsiva- por orden de la Justicia”. Por ello es necesaria la prórroga de la emergencia en discapacidad y rechazo las afirmaciones de Vilches, quien la semana pasada en la Comisión de Discapacidad de Diputados “pretendiendo obstaculizar la sesión de la oposición del próximo 9 de septiembre, el Funcionario Nacional afirmó que, ello no depende del PEN sino del Congreso”. El Ombudsman Provincial, advirtió que, no se puede continuar mirando para otro lado en esta temática o planteando excusas e intentando evitar que la Cámara de Diputados sesione y haga lo que corresponde “para que el Estado Nacional no continúe con su desprecio hacia las personas con discapacidad”.