-Gialluca afirmó que, frente a la negativa y rechazo de los diputados por formosa, Atilio Basualdo y Gerardo Gonzalez, junto a sus pares de La Libertad Avanza, el PRO y Bloques Aliados al Oficialismo Nacional, para tratar una Tarifa Regional Diferenciada que “beneficiará a miles de usuarios residenciales de todo el Norte Grande Argentino en los meses de altas temperaturas”, utilizaremos desde ADPRA, alternativas para lograr esta medida que es pedida por todos los sectores y negada por el Gobierno Nacional, con argumentos exclusivamente políticos y especulativos que busca enfrentar a las provincias del sur con las norteñas-
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que reúne a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de la República Argentina, advirtió que el reconocimiento de una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas y muy cálidas se está construyendo sobre una condición inadmisible: la aprobación previa de la reforma que recorta el Régimen de Subsidio del Gas Natural para Zona Fría. El beneficio se instrumentaría por una resolución de la Secretaría de Energía posterior a esa aprobación, con lo cual, un derecho largamente reclamado queda subordinado a una secuencia política y a una decisión administrativa revocable. Este reclamo pertenece a ADPRA y a sus Defensorías, en particular, a las del norte argentino, que desde hace años sostienen la necesidad de un esquema tarifario que contemple la realidad bioclimática de las regiones de altas temperaturas y equilibre el desigual desarrollo relativo de las provincias, tal como lo manda la Constitución Nacional. El reconocimiento de esa tarifa diferenciada salda una deuda histórica y ADPRA acompaña su concreción, por lo que el modo en que se instrumente define su valor. Una necesidad derivada de temperaturas extremas no es estacional ni coyuntural y no puede quedar reducida a bloques de subsidio para los meses de verano ni a bonificaciones de alcance y duración variables, aplicadas de manera desigual. Un esquema superador exige criterios técnicos y de zonificación bioambiental objetivos, estables y de fuente legal. Así, una resolución condicionada a un acuerdo político no otorga esa certeza: lo que se concede por esa vía puede recortarse o suprimirse por la misma vía. El costo de esa concesión no puede recaer sobre otro derecho vigente. Las zonas frías y las zonas cálidas responden a realidades bioclimáticas igualmente legítimas y los hogares de las regiones incorporadas al régimen en 2021 afrontan necesidades reales de calefacción frente a las bajas temperaturas. Reducir su beneficio para asegurar los votos que habiliten el esquema de zonas cálidas sustituye un derecho por otro y traslada el conflicto a las familias. ADPRA asume la defensa de los usuarios de todas las regiones, sin que el reconocimiento de unos se realice en menoscabo de los demás.
El contexto tarifario agrava cada una de estas decisiones. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la canasta de servicios públicos de las principales ciudades del país acumuló un incremento del 966%, frente a una suba del 241% del nivel general de precios, y el gas registró un alza del 2.185%. Esa canasta pasó a representar alrededor del 15% del salario registrado promedio y el conjunto de luz, gas, agua y transporte supera hoy el 12% del salario, más del doble de lo que absorbía a fines de 2023. Para los hogares de menores ingresos, el gasto en energía se acerca al 10% y más también del ingreso, umbral que define la pobreza energética, y son las provincias del norte las que registran algunas de las mayores incidencias del país. Cada punto que las boletas restan al presupuesto familiar se descuenta de la canasta de alimentos: el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que crece muy por encima de la inflación, compite de manera directa con la comida en la mesa de los hogares. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, por su magnitud social, un beneficio de esta naturaleza no puede crearse ni reducirse por criterios políticos ni por vía administrativa. La derogación o modificación de un régimen que alcanza a miles de familias no puede colocarlas en disyuntivas de cubrir servicios o necesidades básicas. Por ello, ADPRA solicitó que la tarifa diferenciada para las zonas cálidas y muy cálidas se establezca por ley, con carácter permanente y sobre criterios técnicos y bioclimáticos objetivos; que su reconocimiento no se condicione ni se financie con la reducción del Régimen de Zona Fría; que toda modificación de ambos regímenes se adopte por vía legislativa, con evaluación de su impacto sobre los usuarios y resguardo de los derechos adquiridos y que se garantice la continuidad de los beneficios vigentes hasta tanto se sancione un esquema superador que los contemple de manera integral, no debiendo ni los diputados nacionales y/o senadores eludir el debate, y posterior tratamiento para que se sancione la Ley de Tarifas Diferenciadas para el Norte Grande Argentino.