Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, advirtieron que, existe una verdad incómoda que la mayoría de los economistas parece ignorar: las estadísticas del INDEC continúan perdiendo calidad, y nadie habla de ello.
Esto sucede, no por intervención política directa, sino por algo más difícil de revertir: desinversión sostenida, ausencia de diagnóstico, obsolescencia acumulada y fuga de su burocracia profesional. Tal es así que, ya habíamos mencionado que, el FMI en su última revisión fue contundente al señalar estas deficiencias, así como la necesidad de una nueva ley “estadística” que le otorgue independencia política y presupuestaria al organismo es urgente. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó como llamativas y ambiguas las afirmaciones del Ministro de Economía Luis Caputo quien señaló hace unos días: * “Hay evidencia empírica de que estamos mucho mejor. Todos los indicadores dan mejor que hace dos años: salieron 12 millones de personas de la pobreza, el consumo privado está en máximo histórico, los salarios de los informales fuertemente por encima de la inflación, hay 130.000 puestos de trabajo más.” Eso dicen, efectivamente, los números del INDEC. El Funcionario Provincial, señaló que, el problema no es que el ministro mienta. El problema es cómo se construyen esos números y los interrogantes metodológicos que los rodean. Desde 2018, los salarios públicos sufrieron un deterioro sostenido que se profundizó con la actual administración. Cayeron 35,8% desde noviembre de 2023. Hoy, el salario de un director nacional de INDEC es menor al de un analista junior de un banco privado. La consecuencia es predecible: renuncias y fuga silenciosa de cuadros técnicos. El INDEC ya había sufrido una pérdida cruel de capital humano durante su intervención entre 2007 y 2015. Hoy, ese proceso se reactivó en silencio, con analistas jóvenes que ingresan como “monotributistas” sin estabilidad, pero el problema va más allá de la pérdida de capital humano. El gran problema es que, al tratarse de un sistema interrelacionado, los problemas de un área terminan contaminando a las demás. Así tenemos ejemplos concretos: * El rubro gastronómico aparece en su mejor momento en las cuentas nacionales, dato que no se condice con lo que reportan las Cámaras Sectoriales. La explicación está en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), donde el cuentapropismo —la venta callejera, el delivery— disparó el empleo en el sector.
El interrogante es si eso alcanza para compensar la caída del sector formal. La respuesta importa porque de ahí surge el dato de PBI. A su vez, Argentina mide el PBI con base en el 2004. La recomendación internacional es actualizarla cada 10 años, ya pasaron más de 20, una demora sin precedentes. * El consumo privado se encuentra en un “máximo histórico” mientras se reportan sistemáticamente indicadores privados que contradicen el dato. No hay mediciones directas del consumo privado agregado, que representa más de 2/3 del PBI. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es. * El Índice de Precios Mayoristas (IPM) mantiene la base de 1993, cuando no existía el Windows 95, en tanto, el IPC mantiene la base de 2004. La nueva canasta elaborada con datos de 2017/18 lleva años disponible, pero su implementación se sigue postergando. Con la nueva canasta, el nivel “medido” de ingresos reales de los asalariados en estos dos años habría caído 7 puntos porcentuales más que lo que actualmente se publica. Este simple cambio en la canasta base del IPC tiene un impacto directo sobre la tasa de pobreza. La postergación de su adopción a principios de año incumpliendo el cronograma oficial de manera inédita es la expresión más clara de la tensión política que encierra al tema. El problema va más allá: la brecha entre lo que capta la EPH y los registros administrativos aparece también en los formales, las jubilaciones y otras variables. Un trabajo reciente del CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales) abrió también el debate sobre el dato oficial de pobreza. Según los cálculos del CEDLAS, la pobreza en la gestión Milei no habría acercado al mínimo de 2017, sino que habría recuperado los niveles previos a la crisis inflacionaria de 2023. Por otro lado, la tasa de desempleo oficial es del 7,5%, pero si se suman quienes trabajan escasas horas de manera involuntaria, el número se duplica. El apogeo del cuentapropismo —similar al auge de planes sociales durante gobiernos anteriores, plantea una pregunta metodológica sin respuesta clara: ¿alguien que perdió su empleo y trabaja algunas horas en la calle está desempleado, semi-empleado o empleado? Basta con caminar las calles para advertir que Argentina está lejos del pleno empleo, dado que el Producto Geográfico quedo obsoleto, no hay estadísticas fiables. Ese es el origen, de una profunda discusión sobre la verosimilitud de los datos que publica el INDEC, que son de gran importancia para nuestra economía, lo que se asimila a que un cirujano pretenda operar a una persona con una radiografía falsa. En la mayoría de los países, los institutos de estadística son organismos técnicos sin injerencia política y sus autoridades surgen de concursos públicos. En la Argentina, el director lo designa el Poder Ejecutivo y la ley que regula el sistema estadístico es un decreto-ley del presidente de facto Onganía.