-El superávit fiscal que exhibe el Gobierno Nacional no es un indicador de estabilidad económica, sino el resultado de un ajuste que profundiza la desigualdad y debilita el tejido social, especialmente en las Provincias del Norte Argentino y más aún en aquellas que, no acompañan en el Congreso las políticas del Ministerio de Economía de Nación-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, “señaló que, indudablemente para obtener una Tarifa Regional Diferenciada para las Provincias del Norte Argentino que permita en los meses de altos consumos pagar facturas razonables, el único camino es actualmente, el de negociar con el Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli, tal como lo hizo Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, San Luis, San Juan y Santa Fe, a quienes el Gobierno Nacional otorgará exenciones impositivas a la energía eléctrica por -Zona Cálida- mediante Resolución Administrativa de la Secretaria de Energía, a cambio de los votos que permitan recortar los subsidios al gas domiciliario en la denominada -Zona Fría-”.
De esta manera, más de 3,5 millones de hogares dejarán de acceder a los subsidios al gas, frente al cambio de postura de gobernadores que en el 2021 habían votado la ampliación de Zonas Frías como Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, entre otros. El Funcionario Provincial, señaló que, el gobierno de Javier Milei se opone a otorgar subsidios por zonas cálidas o tarifas regionales diferenciadas en el norte argentino porque únicamente prioriza el equilibrio fiscal y el desmantelamiento de subsidios generalizados, no obstante, desde ADPRA todas las Defensorías del Pueblo del NEA y NOA, impulsaremos los Proyectos presentados por legisladores de las Provincias del Norte. Gialluca señaló que, el Gobierno Nacional intenta presentar el ajuste como una necesidad técnica para equilibrar las cuentas públicas. Pero la realidad demuestra que se trata de una política que busca trasladar el costo de la crisis a las mayorías de los usuarios y consumidores, mientras se preservan los intereses de los sectores más concentrados de la economía. La insistencia en el pago de la deuda externa y de nuevos préstamos del FMI, junto al mantenimiento de beneficios fiscales para grandes empresas, revela con claridad el sentido social del programa económico de este Gobierno Nacional. Añadió que, no se trata de falta de recursos, sino de una decisión política sobre a quién se protege y a quién se ajusta.
Por ello, son las políticas económicas las que explican la caída persistente de la recaudación. Los ingresos fiscales acumulan 8 meses de descenso real, en parte por la reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos, pero también por el impacto del propio ajuste sobre la economía. La paralización de la obra pública provocó un derrumbe en la construcción, el hundimiento de la industria parece no encontrar piso y el comercio interno refleja el deterioro del consumo. Menos producción y menos empleo significan menos recursos para el Estado, lo que luego es utilizado como argumento para profundizar los recortes. Se trata de un círculo vicioso, la reducción de impuestos a los bienes personales, el RIGI, la apertura comercial, generan una transferencia de ingresos hacia los grandes empresarios, entre tanto, la mayoría de los hogares se endeudan para poder sobrevivir.