-En tanto, esta Cartera Nacional, continúa recaudando impuestos que deben ser destinados para arreglar y construir nuevas rutas, toda vez que, cada 50 litros de combustible cargado, aproximadamente $8.500 quedan en manos del Gobierno Nacional-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que en estos días de importante tránsito, tanto de vehículos livianos, como de cargas y de pasajeros de transporte público, se recepcionaron variados reclamos de los usuarios por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Formosa, siendo el mismo generalizado y responde, según el Funcionario Provincial, a una decisión política del Gobierno Nacional, de abandonar el mantenimiento vial, pese a contar con recursos específicos para ese fin y a la existencia de una orden judicial emanada de la Justicia Federal. Hasta ahora, el Distrito 22 de Vialidad Nacional, viene realizando algunas actividades y reparaciones puntuales, que no llegan a responder a las necesidades de los usuarios, quienes deben esquivar pozos, zonas de ahuellamientos, los que determinan la invasión de carriles, especialmente por parte del transporte pesado, situación esta que se ve agravada en contextos de lluvia y es donde se producen lamentablemente los siniestros viales. En este sentido, se refirió a lo denunciado por el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien afirmó que, “es difícil pedirle a un gobierno integrado por gente que vive en un radio de dos kilómetros alrededor del Obelisco y viaja en avión que se interese por las rutas de Santa Fe, Formosa o Chubut. No les importan las rutas nacionales”.
Impuesto a los combustibles: Desde el Organismo de la Constitución, se continuó remarcando que no se trata de falta de fondos, sino de una decisión política. Cada 50 litros de combustible cargados en la actualidad, incluyen aproximadamente 8.500 pesos del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley tiene destino específico para el mantenimiento de rutas, pero que actualmente queda en manos del Estado Nacional. De hecho, varias reparaciones recientes se realizaron solo por orden judicial. Los tramos de las rutas que se arreglan hoy son las que tienen una orden judicial atrás, porque algunos tienen miedo de terminar con una causa penal. Entendemos que esto no se resuelve de un día para el otro, pero acá no hay un plan de obras ni de reparaciones. En marzo de 2025 disolvieron todos los contratos de mantenimiento y prometieron concesiones que avanzan apáticamente, mientras tanto, la gente sigue circulando por rutas destruidas. Durante el año pasado, Argentina vio aumentar significativamente la recaudación por impuestos a combustibles, con cifras preliminares de enero a noviembre superando los 4.231.130 millones de pesos, casi el doble que el año anterior, aunque gran parte de esa recaudación se vio modulada por actualizaciones parciales y aplazamientos impositivos para controlar precios, resultando en una resignación de ingresos fiscales para el Gobierno Nacional en favor de la estabilidad de precios. En definitiva, la recaudación de impuestos a los combustibles (ICL y al CO2) entre enero y noviembre de 2025 fue casi el doble que, en 2024, alcanzando unos 3.000 millones de dólares en valor nominal, fondos que no han sido destinados para mejoras viales. En tanto, el Presupuesto 2026 argentino asigna fondos significativos para infraestructura vial, aunque entidades del sector como la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y medios del rubro, señalan preocupación por la insuficiencia real frente a la inflación, pese a partidas como los $624.119 millones del Plan Nacional de Inversiones y cifras específicas para Vialidad Nacional, con críticas por posible subejecución y «vaciamiento», como así también, la exclusión de proyectos de infraestructura vial para nuestra provincia.