-Gialluca afirmó que, luego del ilegal, arbitrario y brutal ajuste al sector de las personas con discapacidad, donde el Gobierno Nacional, “además, se niega a cumplir con la Ley de Emergencia sancionada por el Congreso de la Nación”, se solicitaron urgentes informes al Ministro de Salud para conocer si, “esta medida implicará la suspensión, el corte o eliminación de pensiones a sus beneficiarios o la supresión de prestaciones esenciales para este colectivo altamente vulnerable”, recordándole que, el Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Formosa estableció que, “una vez otorgadas las pensiones, su continuidad no puede ser interrumpida arbitrariamente y que cualquier revisión o modificación de estos beneficios, debe respetar estrictamente las garantías del debido proceso legal, la no discriminación y la accesibilidad, no siendo admisible que el Estado Nacional adopte medidas que impliquen un retroceso en el nivel de protección social a su -libre arbitrio-, por lo cual, toda decisión que restringa o suprima derechos, debe ser antecedida de un procedimiento adecuado que permita al interesado, conocer los motivos, ofrecer pruebas y ejercer su defensa, bajo pena de nulidad por arbitrariedad”-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, junto a la Asociación Civil Camino Azul TEA Formosa que preside Florencia Santa Cruz y el Diputado Provincial, Hugo Arrúa, advirtieron que, la eliminación y reestructuración de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) en Argentina, se centran en la idea de un ajuste, que coloca en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, sumado al escándalo de corrupción que, involucra presuntas coimas, el uso de lenguaje estigmatizante en documentos oficiales y los cambios en las políticas de discapacidad que se realizan a costa de los derechos de las personas más vulnerables. El Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, afirmó que, la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado para coordinar políticas de discapacidad, pero con el paso del tiempo acumuló burocracia, descontrol administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente, confirmando la disolución de la misma y el traspaso de sus atribuciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, tras la polémica generada por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. El Ombudsman Provincial, recordó en su exhortación al Ministro de Salud que la Justicia Federal ya advirtió que la metodología aplicada para la suspensión o eliminación de pensiones, no solamente violó el principio de no regresividad, sino que introdujo una carga onerosa sobre los beneficiarios para conservar lo que ya tenían reconocido y es por esto que, “las formas en que se realizaron las Auditorías Médicas, difícilmente superen algún escrutinio de razonabilidad”, dejando en claro que, no nos oponemos a las mismas, sino a que estas se lleven a cabo conforme a derecho y no bajo el capricho de los funcionarios nacionales de turno.
Colectivo de Discapacidad denuncia estigmatización del Gobierno Nacional: El Foro Permanente de Discapacidad denunció que la gestión de Javier Milei pretende generar confusión con la información sobre los CUD de personas fallecidas, dado que, en los últimos días informó maliciosamente acerca de 178 mil CUD (Certificado Único de Discapacidad) activos, correspondientes a personas con discapacidad ya fallecidas supuestamente. Según el Foro, la difusión por parte del Gobierno Nacional de esta información busca “confundir a la sociedad y juzgar a las personas con discapacidad”. La organización remarcó que esta información, difundida por el titular de ANDIS, curiosamente sucedió luego del revés en Diputados que volteó la derogación de la Emergencia en Discapacidad. Lo más grave de la difusión de la gestión de Javier Milei es cómo vinculó el error de los CUD activos con el recibimiento de algún tipo de prestación o pensión, sugiriendo “curros” y déficit para justificar el ajuste sobre esta población. Es por ello que el Foro Permanente de Discapacidad consideró necesario realizar “aclaraciones urgentes” sobre la difusión del Gobierno Nacional.
CUD activo no significa cobro de pensión: Poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica recibir una prestación ni cobrar una pensión, la noticia busca instalar en el imaginario social la idea de que existirían 178 mil pensiones cobradas de manera irregular, reforzando el discurso oficial que intenta presentar los reclamos del sector como parte de un supuesto “curro”. Enfatizaron que “para acceder a una pensión no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio, que es emitido por un hospital público y debe estar refrendado por el médico evaluador y el director del establecimiento”. El Foro entiende que sostener activo el CUD de personas discapacitadas ya fallecidas es un error que las dependencias estatales pertinentes (en este caso, el RENAPER) deben corregir y dar de baja. Pero los 178 mil CUD activos, a dos años de gestión de Javier Milei, no hacen más que evidenciar las “graves falencias en la gestión estatal” “resulta difícil de comprender cómo, en este tiempo, no se haya conformado un padrón articulado entre ANDIS y el RENAPER”. Se subrayó que intentar vincular esta situación con los prestadores implica sugerir que existirían facturaciones a nombre de personas fallecidas, un hecho obviamente a investigar y sancionar. No obstante, es necesario siempre aclarar que el CUD no significa cobro o prestación, que “para que una persona reciba una prestación, organismos como PAMI, Incluir Salud, las obras sociales o las prepagas deben autorizar previamente la atención, y que las facturaciones se realizan mensualmente, por lo que estos mismos organismos deberían conocer si una persona se encuentra viva o fallecida”. De existir facturaciones sostenidas en el tiempo a nombre de personas fallecidas, debería suponerse la participación y responsabilidad de múltiples actores, y no utilizar el tema para instalar sospechas generalizadas.