Desde el ODEPOE- Observatorio de Derechos Políticos y Electorales-, con sede en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se interpuso un formal pedido por ante la Fiscalía Federal en turno, para que se cite a declarar a todas las personas involucradas en el caso de la presunta ciudadana paraguaya, Señor Elisa Mereles, quien mostro ante las cámaras de un programa de televisión de Buenos Aires un DNI argentino, y otro documento paraguayo, habiendo manifestado que en algún momento voto en nuestra provincia a cambio de algunos beneficios que le habían prometido.
La gravedad Institucional de este caso, por ahora individual, es que Elisa Mereles, ha declarado ante la Justicia Federal y podría haber falseado una serie de expresiones con fines que desconocemos y alentada por otras personas; por ello ante un tema “altamente sensible”, en este momento, en el que se aproximan las elecciones del 25 de octubre, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, señalaron que es necesario, que se conozca la verdad real de todos los acontecimientos.
Desde el Organismo de la Constitución, se resalto que conforme información emanada del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Seguridad, a través de su titular, Dr. Jorge González “esta misma persona, posee ciudadanía argentina desde el año 1977, en forma absolutamente legal”.
A esto se le suman, las denuncias públicas realizadas por el Concejal Juan Carlos Amarilla, en cuanto a la posibilidad de modificaciones de datos originales por parte de autoridades públicas, lo que lleva al ODEPOE, a peticionar a la Fiscalía Federal que en forma inmediata, se aboque a la investigación correspondiente, pues de la misma puede surgir, “no solamente una Falsa Denuncia, – art. 244 C.P- , sino también una Simulación de Delitos – Art 457 C.P- y/o una Denuncia Falsa Art. 456 CP”.
El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que es necesario que toda la ciudadanía tenga la seguridad de que no existen irregularidades en cuanto a los padrones con los que se va a votar en nuestra provincia, y fustigo a quienes desde hace tiempo, hablan de fraudes y de vulneración de garantías, como si en un acto eleccionario existiera un único partido político, con candidatos que confeccionan los padrones, y no se produce ningun contralor o fiscalización por parte de otros. Estas afirmaciones también lesionan a todos los miembros de la Junta Electoral Nacional, del Tribunal Electoral Permanente, a los propios Presidentes de Mesa, integrantes de las Fuerzas Armadas, docentes y una serie inconmensurable de ciudadanos que trabajan previamente, durante y luego del acto eleccionario, para que todo se haga con absoluta transparencia y dentro de la ley.