– La ANDIS calcula en $900.000 millones el ajuste que hará en las Pensiones por Invalidez-
Desde la Dirección de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció que funcionarios o representantes del Gobierno de Javier Milei en Formosa, junto a sectores políticos diversos, “les están mintiendo en la cara, a miles de pensionados, diciéndoles que las Auditorías Médicas que lleva adelante la ANDIS, estarían siendo obstaculizada por el Estado Provincial”, cuando en realidad, en los hechos, sucede todo lo contrario, son justamente, numerosas Instituciones provinciales y municipales, las que vienen desde el año 2024 hasta el presente, auxiliando y asesorando a los hasta ahora beneficiarios que, deben enfrentar de manera urgente, la necesidad de recopilar estudios médicos e historias clínicas entre otros trámites para no perder $270.000 que están cobrando como únicos ingresos, con el agravante que, “los referidos funcionarios designados por el gobierno nacional y otros, pretenden que vayan a abonar a un profesional privado para que les reitere todos esos estudios que exige la ANDIS a partir de la nueva Resolución 187/25”, desconociendo la realidad en la cual vivimos.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, reiteró la recomendación a todos aquellos que hayan recibido las Cartas Documentos que se presenten al turno asignado de cualquier forma, con sus estudios o no, donde deben exigir que los Organismos Nacionales con asiento en Formosa, se hagan cargo de los estudios médicos, como así también de que la persona que atiende en la ANDIS -Formosa-, les justifique incomparecencias y reenvíe todos los antecedentes documentados a Buenos Aires, “pues si la exigencia está firmada por su Director Ejecutivo, el Dr. Diego Spagnuolo, es lógico que sus dependientes en Formosa, colaboren activamente con la gente” y además al haberse comprometido con el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Julio Cordero, de trabajar conjuntamente en la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no les suelten la mano en estos momentos, donde lo que reina, es una gran incertidumbre y malestar entre los pensionados originados por el Estado Nacional, recordándose que, el ex abogado personal del Presidente Javier Milei, hoy al frente de Discapacidad, “maneja una caja de más 1 billón de pesos y por ello es que sostenemos que es el propio Gobierno Nacional, quien debe hacerse cargo de esta gravísima situación”.
El funcionario provincial, señaló que el lenguaje técnico empleado en las Cartas Documento, no es comprendido por la mayoría de sus destinatarios y eso se transforma en una barrera inevitable, tanto para los pensionados, como para los profesionales médicos, pues nadie sabe cuáles serán los parámetros o las tablas de incapacidad laboral que se aplicarán. Por ello, Gialluca apuntó, a que no se trata solamente al acceso a una pensión, sino el acceso al sistema de prestaciones, toda vez que los titulares de pensiones concurren a efectores públicos, financiados con fondos provinciales y que por esta auditoría, se está perjudicando a toda nuestra comunidad y es aquí donde el Gobierno Nacional tiene los fondos para contratar los profesionales idóneos que lleven adelante esta tarea, “que institucionalmente acompañamos, pero cada uno debe hacerse responsable de lo que le corresponde y no estar usando o engañando a las personas, porque deben darse cuenta que miles no van a asistir a las auditorías, porque no saben lo que les están pidiendo y otras no comprenden el proceso, debiéndose contemplar que otros grupos se mudaron o tienen domicilios desactualizados y que ni siquiera se van a enterar de las exigencias actuales de la ANDIS, lo que causará la pérdida de sus beneficios. Por lo que, de existir bajas masivas evaluamos iniciar acciones legales colectivas a la manera en que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, en el cual se eliminaron más de 200 mil pensiones.”