Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció que, el sistema eléctrico nacional con su actual infraestructura, no asegura, un normal abastecimiento para esta temporada de verano, cuando la demanda eléctrica alcance niveles críticos.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que la falta de inversiones del Estado Nacional, como de los privados, sigue siendo el mayor problema que tiene este sector, por lo cual, no solamente se verán afectados los usuarios residenciales, sino también, los comercios, pymes e industrias. Ante esta situación, se solicitó a la Secretaria de Energía a cargo de María Tettamanti, que no se postergue una de las obras más importantes para el abastecimiento eléctrico del país, esto es, la línea de alta tensión AMBA I, Proyecto pensado para mejorar la infraestructura del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que fue suspendido, “porque se pretendía arbitrariamente implementar un -cargo fijo- en todas las facturas de los usuarios argentinos para financiar la obra, con lo cual, se pagarían nuevos aumentos que irían desde un 3 a un 10%, lo cual, hemos rechazado y sugerido que se utilicen fondos del Estado Nacional o se obtengan créditos a largo plazo que permita avanzar con la construcción de este proyecto”.
Gialluca afirmó que, lo que pretendía la Secretaría de Energía era que, los usuarios del Norte Grande asumieran los costos de un anillo energético que iba a beneficiar exclusivamente al AMBA y por otro lado, con el esquema de “estampillado a la demanda”, lo que implica que los usuarios de electricidad de todo el país sean los que financien la inversión, a partir de la creación de un cargo fijo, cuyos fondos se irían acumulando en un fideicomiso, permitiría comenzar con la obra y en tres años cubrir su financiamiento, siendo totalmente objetable, que el Estado Nacional le cobre a la gente una obra que todavía no se hizo y donde la responsabilidad por el abastecimiento en la generación energética para todo el país, recae en el mismo, siendo este un servicio público esencial del cual no se puede desentender.