Ante la presentación de denuncias y reclamos por parte de ciudadanos que vienen padeciendo graves inconvenientes para transitar por la Ruta Nacional Nº 11 y también atravesar la frontera desde Clorinda hacia la Republica del Paraguay a través del Puente Loyola que nos une con la Localidad de Puerto Falcón y que se encuentra desde hace días cortado al libre tránsito de vehículos, personas y bienes , la Defensoría del Pueblo de la Provincia, lo requirió a la Cancillería Argentina, como también a la Paraguaya y a los Ministerios de Seguridad, del Interior y Transporte; que arbitren y gestionen en forma urgente las medidas necesarias para que las Autoridades Paraguayas competentes puedan solucionar esta situación que se ha traducido en la concreción de un hecho delictivo de impedir la utilización libre de pasos fronterizos habilitados por ciudadanos que los necesitan por distintos motivos .

El Ombudsman Provincial, Dr. Jose Leonardo Gialluca, les señalo a las Autoridades Federales y Extranjeras que el punto del conflicto está planteado entre las personas conocidos como “paseros” y las autoridades paraguayas todo ello a la luz de nuevas exigencias del Gobierno del país vecino para los pequeños importadores que en los hechos dificultan y hasta impiden el habitual transito de productos desde Argentina hacia Paraguay.Siguiendo el relato de los hechos, el problema antes descripto ha movilizado a los transportistas, camioneros a cerrar directamente el Paso Fronterizo de Clorinda a través del Puente Loyola que lo une con la localidad de Puerto Falcón y este hecho también se repite por las mismas causas en la frontera de Ita Enramada, Encarnación y Ciudad del Este.

Por último, se señalo que las asimetrías económicas vigentes lleva a esta situación y siendo que para obtener la liberación de los pasos fronterizos y una solución a los paseros, esperamos que las autoridades paraguayas creando los ámbitos urgentes de dialogo puedan resolver esta medida de fuerza que de hecho si no se desarticula, se debería dar intervención a la Justicia del vecino país, para evitar que se continúe causando perjuicios a los ciudadanos tanto argentinos como extranjeros a través de una medida marginal.