El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, el dirigente Miguel Montoya pretende desconocer el ajuste más grande que viene sufriendo nuestro país y que ha empobrecido a más de 5,3 millones de argentinos y llevado a la indigencia a más de 3 millones, mediante la aplicación de medidas económicas que nos están acercando al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. Intentar únicamente trasladar responsabilidades y confundir a los consumidores con afirmaciones, en cuanto a que los precios de los alimentos, de los servicios públicos esenciales, continúan incrementándose, sin decir quiénes son los verdaderos responsables, nos lleva a la necesidad de recordarle que, en la actualidad, “la transferencia de riqueza de la clase trabajadora a los grandes empresarios es cada vez mayor en argentina”.
A esto, debemos sumarle la inédita pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que justifican el enojo de amplios sectores de la población con la dirigencia política tradicional, por ello, no tenemos dudas, que ha existido una verdadera estafa a los electores después que el actual Gobierno Nacional, implementara cambios radicales en la economía y tengamos en la actualidad, la inflación más alta del mundo, cercana al 240% anual, (y un 4,2% mensuales que no se reflejan en las góndolas), con un ajuste sin precedentes en el gasto público, “con el único objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y el ansiado -déficit cero-, para garantizar “que el Estado Nacional solo” y dejando de lado a los Estados Provinciales y Municipales, tenga más ingresos que egresos, originando más de 24 millones de argentinos pobres”.
El ajuste realizado por el Gobierno Nacional, que muchos defienden, entre ellos, Montoya, como necesario para estabilizar la economía, ha generado un alivio aparente en ciertos indicadores macroeconómicos, pero golpea con fuerza a los sectores que ya vivían al borde de la pobreza. Al mismo tiempo, la clase medias, son actualmente «la nueva pobreza», que han tenido que adaptarse a una realidad en la que el salario alcanza cada vez menos, donde los precios de los alimentos y medicamentos son impuestos libremente por los sectores empresarios y suben a un ritmo mucho mayor que los ingresos, en cualquier lugar del país.