-Gialluca señaló que, en un contexto donde el actual Gobierno Nacional prevé reducir lo que considera “gastos en educación” a poco más del 3%, los países como Noruega destinan un 6,6% de su PBI, siguiéndole Chile con el 6,5%, Israel con el 6,2%, Australia 6,1%, cerrando la lista de las naciones más comprometidas con la formación educativa de sus jóvenes, el Reino Unido y los Estados Unidos con el 6%-
La Comisión Directiva de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), que integra el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, como Vicepresidente II, remitió, tanto a la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Lic. Karina Milei, como al Jefe de Gabinete, Dr. Guillermo A. Francos, sendas Actuaciones, donde expresan su total oposición a la posibilidad de que se vete la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Este documento, fue puesto también en conocimiento del actual Ministro de Cultura y Educación de la Provincia, Ing. Julio René Araoz, del Rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) Lic. Adrián Marcelo Muracciole y del Rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, a fin de que arbitren los medios necesarios para su difusión y conocimiento a los Señores Decanos, Docentes, No Docentes, Alumnos Universitarios y a la Sociedad Formoseña toda, ante la necesidad imperiosa de que el Gobierno Nacional reconsidere la posibilidad de vetar esta ley y se avance en la implementación de un sistema de financiamiento que asegure la estabilidad de las universidades, el respeto a los derechos de los estudiantes y docentes y el fortalecimiento del sistema educativo público, sin que ello implique un desajuste en las cuentas públicas. El mismo expresa que, la -Ley de Financiamiento Universitario-, constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades, en un contexto donde estas instituciones se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los sectores vinculados al ámbito académico.
La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada, y su distribución basada en criterios de equidad, permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país. Además, es importante señalar que la Ley de Financiamiento Universitario no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades en base a los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales. Esto asegura que el sistema educativo no sufra una erosión presupuestaria a causa de la inflación, sin representar un aumento desmedido del gasto público.
Por último, se expresó que, las Defensorías del Pueblo no podemos dejar de señalar que la falta de financiamiento adecuado afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios. Este veto, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones que son esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación. Nos preocupa profundamente el impacto que esta decisión podría tener en la calidad educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de Argentina.