-La inflación de junio fue del 4,6% en lo que va del 2024, llegó al 79,8% y la interanual alcanzó al 271,5%, según el INDEC
Desde la –Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo– de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se resaltó la medida anunciada desde el Estado Provincial, por la cual, se anunció un incremento del 28% para todo el sector público que alcanza, además, a jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social. Agregaron que, la inflación acumulada en los primeros seis meses del corriente asciende aproximadamente a un 79,8% y ello se hace sentir en la pérdida de la capacidad adquisitiva de los consumidores, agravada por los incrementos en los combustibles y en los servicios de energía eléctrica dispuestos desde el Gobierno Nacional. En este contexto, la propia Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que comprende a comercios mayoristas, supermercados, comercios de cercanía y más de 140 mil almacenes en todo el país, reclamó medidas urgentes, “frente a la caída significativa del consumo y una presión impositiva asfixiante, advirtiendo que más del 40% del precio de los productos de primera necesidad, está compuesto por impuesto y en este sentido, propusieron la eliminación o reducción del IVA para alimentos y otros productos de la Canasta Básica”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Gobierno Nacional comprende a la inflación solo como un problema de competencia entre productores, desconociendo la realidad del sector alimentario argentino, donde existen empresas monopólicas u oligopólicas que continúan imponiendo precios, tanto en la industrialización de alimentos, como en la comercialización. Mientras los consumidores creemos que elegimos marcas y así podemos lograr una mayor capacidad adquisitiva de los ingresos, “en realidad, eligiendo la primera, la segunda o la tercera marca de un producto o bien determinado, nada cambia, pues, todas ellas son de una misma empresa” y lo mismo ocurre con las Cadenas de Supermercados, “quienes trasladan los costos laborales y de servicios a los precios de los alimentos en góndolas” y esta es una consecuencia directa de un mercado liberado, donde al eliminarse la Ley de Góndolas que tenía por objetivo poner productos de pequeños productores en los supermercados, más la Ley de Abastecimiento que controlaba toda la cadena de producción de necesidades básicas, estamos pagando, “precios abusivos y márgenes de ganancias extraordinarias”, siendo que, la apertura a las importaciones, no tienen en cuenta que los alimentos de los Países Europeos y de los Estados Unidos, continúan fuertemente subsidiados, “es decir, no existe un libre mercado global y la actual política económica la padecen los consumidores, las pymes y los pequeños productores”.