-El mismo, en el año 2017, se sometió a un doble trasplante en el H.A.C. de nuestra Provincia, habiendo estado durante años en Lista de Emergencia Nacional del INCUCAI, por lo que, a partir de ahora se le deberá hacer entrega de todos los medicamentos e insumos necesarios como paciente inmunodeprimido que requiere tratamiento de por vida-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, como consecuencia del gravísimo desfinanciamiento en las prestaciones del Plan Federal Incluir Salud – Ex Profe, que depende de la ANDIS -Agencia Nacional de Discapacidad- y estos a su vez, del Jefe de Gabinete de Ministros a cargo del Dr. Guillermo Alberto Francos, se interpuso una medida judicial a favor del ciudadano V.O.D., la cual obtuvo del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la 1º Circunscripción Judicial, resultado favorable. El Funcionario Provincial explicó que, Incluir Salud es un Programa Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y fue creado para enviar una cápita mensual a cada Ministerio de Salud Pública para la provisión de medicamentos y tratamientos de las personas con discapacidad, en nuestro caso sería el Ministerio de Desarrollo Humano, el cual enfrenta actualmente las consecuencias de la desfinanciación, toda vez que el Gobierno Nacional se desentiende de los gastos de salud y demás prestaciones que conforme la Ley Nacional Nº 24.901, debe cubrir con carácter obligatorio e integral en un 100% a favor de titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC), personas con discapacidad y otros sectores altamente vulnerables. Es por ello que, Institucionalmente, nos oponemos al nuevo Proyecto del Gobierno Nacional promovido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que busca eliminar el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador que establece precios uniformes para obras sociales, PAMI e Incluir Salud. Esta desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generándose una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos. “De efectivizarse esta medida, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”. Es inadmisible este ajuste en discapacidad y salud que pretende que prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de los servicios sanitarios, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado. Gialluca, “señaló que, si bien es cierto que la ley tiene aspectos que se pueden mejorar, pues las obras sociales y las prepagas vienen planteando problemas en relación a los costos que deben enfrentar, correr al Estado de todo y que venga solo el Mercado, hará que en este contexto donde 8 de cada 10 personas con discapacidad que viven en condiciones de vulnerabilidad económica, vean agravado negativamente sus condiciones de existencia”. Por último, añadió que, algo que no se dice es que el proyecto de eliminación del monotributo social que permite a las personas con o sin pensión, pero sin obra social, acceder a atención médica, de ahora en adelante no la tendrán, “y vemos cómo actualmente muchas madres están sacando a sus hijos del monotributo social y solo dejan a los niños con discapacidad para poder hacer frente a los altos costos”, por lo que de prosperar la desregulación promovida por la ANDIS, millones de personas quedarán fuera del sistema sin atención médica por parte del Estado Nacional y obligando a los Estados Provinciales a hacerse cargo, incluyendo a estos débiles colectivos con fondos propios y vulnerando la Ley Nº 24.901.