-Gialluca señaló que ya no se habla de subsidios, sino de estímulos a las familias y que estos han sido eliminados por el actual Gobierno Nacional, por lo cual, todos pagaremos una “Tarifa Plena” y deberemos esperar quienes ingresan a lo que ellos denominan “Canasta Básica Energética” que, dicho en otras palabras, para que los usuarios lo entiendan, es un sector mínimo que podrían recibir algún beneficio, pero no en las facturas, sino a través de depósitos mediante la ANSES o entidades bancarias, si cumplen con todos los requisitos impuestos-
En el segundo día de trabajo del I Plenario Anual de ADPRA concretado el viernes 22 de marzo del corriente año, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, su Representante solicitó que se Inste al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y al Secretario de Energía Javier Chirillo, “para que de manera urgente, racionalicen la readecuación del esquema de subsidios a los usuarios de la energía eléctrica y el gas en todo el país, en virtud del dictado de la Resolución Nº 8/24”, lo que fue aprobado y acompañado por el pleno de las Defensoras y Defensores del Pueblo de todo el País. En su ponencia, Gialluca pidió se implemente una fórmula que integre la -Canasta Básica Energética- y que dé cobertura de estímulos en las facturas de energía eléctrica para los usuarios de niveles bajos y medios, quienes vienen y van a recibir boletas con incrementos de hasta un 300%. El Funcionario Provincial, denunció que la -Canasta Básica Energética-, parte de un artificioso costo del consumo de 1 kw/h fijado en $46, lo que resulta un valor exorbitante y al cual debe sumársele, “que los usuarios en Formosa no tenemos gas por redes y por ello nos vemos doblemente perjudicados”. Agregó que, las generadoras y transportistas, a las cuales mediante las Resoluciones Nº 7 y 8 se les autorizaron incrementos injustificados, “deben explicarnos los permanentes colapsos energéticos y el descalabro tarifario que viene de hace décadas y que hoy se pretende resolver desde el Gobierno Nacional de Javier Milei, -con el colapso y el descalabro de las economías familiares-”. El Ombudsman Provincial, remarcó que, al argumento del atraso en las tarifas de energía, nuestra Institución junto con -ADPRA-, expresan que también existen atrasos en los salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores informales y también fortísimos aumentos permanentes en alimentos, medicamentos, telecomunicaciones y otros servicios esenciales. Las políticas energéticas y tarifarias de los últimos años resultaron pésimas y fracasaron, de allí que es imprescindible no repetir errores. Así como fue injusto e ineficiente subsidiar el 95% de energía de sectores medios y altos, mientras 40% de la argentina no posee gas natural por redes, “también es injusto, ineficaz y grave establecer una Canasta Básica Energética para hogares pobres”. Gialluca denunció que, los funcionarios nacionales actuales, deben saber que los hogares de familias humildes tienen una deficiente aislación en sus viviendas, electrodomésticos antiguos o de mala calidad que consumen más y peor, viven más cantidad de personas por familia, viven varias familias en un solo hogar, “y es obligación de los Responsables de la Secretaria de Energía de Nación, conocer la realidad de nuestro territorio nacional”. Resaltó a su turno la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, la necesidad de sincerar y transparentar el costo real de la energía eléctrica y gas natural, informando que con cifras de pobreza e indigencia que reflejan que las niñas, niños y adolescentes constituyen el 38% de las personas pobres, siendo que el 57% de ellos viven en hogares situados debajo de la línea de pobreza que ascienden a unas 7 millones de personas. Los participantes concluyeron en que, en todo el país se están viviendo situaciones realmente de zozobra y muy alarmantes, no solo en el plano de los servicios públicos, sino también en el de educación, salud, necesidad alimentaria, incumplimiento de Programas Nacionales que vienen dejando a amplios sectores de nuestra sociedad, sin las coberturas esenciales, fijadas por diversas normativas legales.