El Mega DNU 70/23 del Gobierno Nacional, aún sigue vigente, pues la normativa establece que para ser rechazado deben hacerlo las dos Cámaras, aunque para aprobarlo, solo basta que una lo haga. Hasta ahora el Congreso Nacional nunca rechazó ningún DNU a pesar de ser una herramienta ampliamente utilizada por los distintos gobiernos en los últimos años en nuestro país. El rechazo por parte del Senado, “ha originado expectativas en todos los consumidores y usuarios de la Argentina, quienes tienen centradas sus miradas en los diputados nacionales que deberán tratar este instrumento en el menor tiempo material posible”. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca denunció que desde el 20 de diciembre de 2023 el Gobierno Nacional “transformó el funcionamiento de vastos sectores de la vida económica y laboral, sin la intervención del Congreso de la Nación”. Con ello, en los hechos observamos como el Estado se desentendió de sectores donde su presencia es necesaria y produjo efectos directos -todos negativos- en la población, a partir de serias desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales. La derogación de decenas de leyes provocó desequilibrios innumerables en la vida económica de la gente, desde la forma de alquilar una vivienda, hasta los sistemas de salud, “buscándose no solamente un fuerte cambio económico, sino también un cambio cultural de un día para otro”.
La eliminación de estas normas tiene claros beneficiarios, dado que, en la Argentina, el 74% de la góndola lo “manejan” sólo 20 empresas oligopólicas, las cuales han impuesto a los bienes de consumo masivo precios impagables, no solo para los sectores menos pudientes, sino afectando directamente a la denominada clase media. Por otro lado, se favorece, la cartelización de empresas con los grandes supermercados, quedando del otro lado del mostrador, las PyMEs, empresas de la economía familiar, social y economías regionales. En el caso de las tarjetas de crédito, se modifican y derogan algunos artículos de la Ley 25.065, eliminándose topes de intereses y habilitándose el cobro de adicionales y de montos fijos por atrasos, con la eliminación de la obligatoriedad del BCRA de aprobar los contratos entre el emisor y el proveedor. Otra vez, los beneficiarios de la norma son las entidades financieras o aquellas que emitan tarjetas ya que se permite que cualquier entidad sea emisora de las mismas. También, las políticas de desregulación laboral y pérdida de derechos favorecen a todos los grandes grupos económicos que junto a la política de cielos abiertos en el sector aéreo comercial permiten el ingreso de compañías extranjeras en detrimento de los servicios que brinda Aerolíneas Argentinas. Lo mismo sucede con la eventual venta de las acciones del Banco Nación, las cuales quedarán en manos de entidades financieras privadas, las cuales pasaran a decidir e imponer las condiciones en que funcionará el sistema bancario argentino, destruyéndose una herramienta que estuvo siempre para apoyar e impulsar a los comercios y sectores agrarios e industriales del país.
