-El derecho a manifestarse si bien está reconocido constitucionalmente, el mismo no implica cortar rutas, impedir la circulación o promover peticiones que se encuentran fuera de las obligaciones de los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales. –
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, a las 00:00 horas del día jueves 19 del corriente mes y año, se levantó el corte de la Ruta Nacional Nº 86 a la altura de Colonia Loro Cué, Jurisdicción de la Localidad de El Espinillo, como así también el corte que se llevaba a cabo a la altura del Acceso al Parque Nacional Río Pilcomayo, por integrantes de la Comunidad de la Colonia La Primavera, quedando de esta manera totalmente liberada al tránsito esta traza nacional, no quedando de esta manera ninguna interrupción para los vehículos y transportes en todo el territorio provincial. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el trabajo y las gestiones encaradas por el Administrador General del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, junto a otras áreas del Gobierno Provincial, como el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), a cargo de su Presidente Esteban Ramírez, permitieron que los manifestantes desistan de sus conductas ilegitimas que venían perjudicando a niñas/os, adolescentes, docentes, al no poder concurrir a los diferentes establecimientos educativos de la zona, a lo que se le sumó la afectación a ciudadanos que debieron reprogramar turnos médicos y otras atenciones que ya tenían previstas, entre los principales colectivos damnificados durante los cortes de ruta. Añadió el Funcionario que, desde el Estado Provincial con nuestra Ley Integral del Aborigen Nº 426 constituye un precedente en la Argentina y representa un ejemplo en la ocupación de tierras, el acceso a la educación, a la salud y el respeto a las lenguas nativas de las etnias que conviven en nuestro territorio. Por último, Gialluca advirtió que, todas estas situaciones se desarrollan durante el presente proceso electoral y donde Institucionalmente debemos continuar trabajando para evitar que se deroguen y eliminen derechos ya obtenidos como los reconocidos en la Ley nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Recordó que, existen dos proyectos de ley que actualmente cuentan con estado parlamentario para dejar sin efecto estas normativas y que fueran impulsados por la candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabeza Javier Milei por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Agregó que, sabemos que esto no es casual, conocemos que son sectores políticos que defienden intereses y patrimonios de capitales concentrados que buscan el lucro individual, en desmedro de los territorios indígenas y pretenden instalar otros modelos de producción, donde los originarios no están incluidos y por esto no nos imaginamos a ningún empresario y menos a los privados, “invertir o construir plantas potabilizadoras de agua potable, redes de distribución de energía eléctrica, conociendo de antemano que no obtendrán ninguna ganancia”. No obstante, lo cual, ratificó que no existen derechos absolutos y que todos tenemos obligaciones, por lo que, ante violaciones como las producidas, debe ser la Justicia Competente quien garantice a la sociedad poder gozar de los mismos en todo momento.