–Reclamaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda introducir en el Proyecto de Presupuesto 2024 los fondos necesarios para garantizar un normal funcionamiento del transporte público en el Norte Grande. Incluyendo transporte de colectivos, trenes y el negocio aerocomercial, en el 2022 el Estado Nacional asignó subsidios por $498 millones, lo que representa un 87% para las empresas que operan en CABA-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, formalizó una petición al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, con el objeto de que se “incluya en el Proyecto de Presupuesto 2024, los fondos suficientes para resguardar los sistemas del transporte público de pasajeros en el interior del país”. El Funcionario Provincial, afirmó que, los subsidios en el transporte, el AMBA recibe 9 pesos de cada 10 encareciendo los boletos en el Norte Grande y dificultando la prestación regular de este servicio público. Observó que, nuestra provincia no posee desde hace años el servicio de ferrocarril que continuaremos exigiendo la interconexión de formosa a la red ferroviaria nacional, no obstante, lo cual, los trenes en el AMBA que mayormente transportan pasajeros, reciben un subsidio nacional por encima de los $170 millones, como así también, todo lo relacionado al negocio aerocomercial. En este sentido, el Ombudsman Provincial, señaló que, un informe del Cesid (Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo), determinó que de los 490 millones que el Estado Nacional distribuyó en subsidios el año pasado, un 80% fue a parar a las empresas que operan en CABA y en el conurbano bonaerense. Esto significa en los hechos, una distribución desigual de los subsidios, con lo cual, los usuarios del interior terminan pagando sus viajes mucho más caro que los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Defensor del Pueblo, añadió que, esta disímil distribución de recursos está relacionado con que lo recaudado del 95% de los impuestos a los combustibles aplicados a nivel país, que es destinado a beneficiar al AMBA y de allí, insistió en que es necesario corregir las asimetrías existentes y para ello, propuso que se imponga un tope del 30% de la totalidad de los fondos existentes, como límite para destinarse a una sola provincia o jurisdicción; ya que, de mantenerse esta situación, continuará afectando directamente el bolsillo de los usuarios del Norte Grande.