-Gialluca afirmó que, urge una nueva Ley de Alquileres, que tenga naturaleza más federal que la vigente y donde la vivienda no sea vista como un negocio, sino como un derecho, para lo cual, se debe graduar el alquiler inicial y fijar pautas que se relacionen con los actuales ingresos salariales de los inquilinos y no con pautas inflacionarias, ya que el problema no son los plazos, sino que la actual Ley de Alquileres establece una relación entre inflación y salario, en la cual, siempre los inquilinos continúan siendo perjudicados-
En atención a los numerosos planteos que se vienen recibiendo en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa por parte de inquilinos que deben renovar sus contratos de alquileres o incluso aquellos que no pueden hacer frente a los costos mensuales de los mismos, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que existe una fuerte incertidumbre, especialmente entre locatarios por lo que, necesitamos una Ley de Alquileres que sea realmente federal y para ello, es indispensable que se la discuta en el Congreso, entendiendo siempre que la desregularización no es la solución y se deben buscar alternativas para que una norma origine más ofertas, que existan regulaciones en lo contractual que protejan a los inquilinos, no pensar que el mercado inmobiliario solamente existe en la Ciudad Autónoma, “y para ello se debe partir de que hay un gran problema con la actual Ley de Alquileres, que fue impulsada por JxC y que terminó perjudicando esencialmente a los inquilinos del Interior del País”. Actualmente, esta ley no se cumple y los inquilinos deben pagar aumentos por encima de la inflación, incluso muchos dolarizados y las estériles discusiones, más en un año electoral, hace que los mismos “se encuentren con salarios con los que no pueden enfrentar el pago de los alquileres”. Recordemos que, a partir de la nueva ley, los alquileres se ajustan 1 vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (índice Ripte, elaborado por el BCRA todos los meses) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC), con lo cual, en el mes de mayo del corriente año, el incremento fue del 96%. El Ombudsman Provincial, solicitó entonces al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Lic. Santiago Maggiotti, a la Secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde y al Secretario de Articulación Federal, Gustavo Marcelo Aguilera, que impulsen las gestiones necesarias para que el precio de los alquileres iniciales, tengan una relación fundada con la realidad salarial de los inquilinos y no con pautas inflacionarias y esto se puede obtener, tanto a través del Ejecutivo Nacional o por el Congreso. También requirió que se cumpla con el -Programa Nacional de Alquiler Social- que debe ser ejecutado a través de la Secretaria de Vivienda del Ministerio del Interior y que tiene por objetivo, fomentar la oferta de alquileres mediante líneas de subsidios, créditos blandos y tener especial consideración para brindar viviendas a mujeres en situación de violencia de género y de vulnerabilidad.