-Desde que entró en vigencia la nueva ley que establece un contrato de 3 años como mínimo con ajustes anuales por medio de un índice que combina inflación y salarios, los alquileres aumentaron un 245%, lo que hace urgente la necesidad de modificar o derogar la misma-

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, asesores legales de la Defensoría del Pueblo, se hicieron presentes en diversos Establecimientos Educativos ubicados en los barrios de La Nueva Formosa, Guadalupe, Circuito Cinco, Escuela Normal y otros del centro de nuestra ciudad, donde se dio a conocer cuándo y cómo pueden los consumidores y usuarios hacer uso de las alternativas gratuitas y directas que se les presenten, ya sea con los servicios públicos, en temáticas de salud, educación, seguridad social, ambiente, bancos, tarjetas de débito/crédito, estafas virtuales, servicios de transporte público, telefonía fija, móvil e internet, entre otros. En estos lugares, se procedió a la entrega de folletos ilustrativos, apostando siempre a la necesidad de formar “Consumidores Activos” que denuncien, reclamen y no dejen pasar ninguna irregularidad o abusos en las relaciones de consumo que a diario mantienen como integrantes de nuestra Comunidad. Posteriormente, ya en la Sede del Organismo, se procedió a la Firma de un Convenio Marco de Cooperación Técnica, Asistencia Recíproca y Trabajo Conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Formosa, representada por el Lic. Daniel Esperanza, frente a la creciente problemática y dificultades que poseen los ciudadanos para el acceso a un derecho básico como es la vivienda y donde surgen en la actualidad, un número indefinido de conflictos que se relacionan con los alquileres, duración de los contratos, coeficientes de actualización, garantías, restitución de depósito en garantía, impuestos, loteamientos irregulares, lo que permitirá de ahora en adelante a cualquier inquilino o propietario, “acudir a la Sede de la Defensoría del Pueblo para encontrar alternativas de resolución de conflictos, sin necesidad de judicializar los mismos”. Ambas partes se comprometieron a implementar campañas de promoción sobre los mecanismos de protección de los derechos económicos y sociales, tanto de inquilinos y propietarios en todo el territorio provincial. Por último, las partes señalaron que, los costos de los alquileres han tenido un alza del 245% desde la sanción de la denominada Nueva Ley de Alquileres, por lo que se comprometieron a impulsar las medidas necesarias y posibles para que la misma sea reformada o derogada, toda vez que esta norma ha venido a distorsionar completamente el mercado al fijar contratos de 3 años como mínimo, con ajustes anuales por medio de un índice que combina inflación y salarios. Esto ha generado una gran falta de oferta de alquileres para vivienda en nuestro medio, originando, además, que las parejas jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, la deban compartir con sus padres, ya que, con los actuales niveles de inflación, tampoco existe la posibilidad de que tomen un crédito y quien se anime a hacerlo, debe saber que los mismos se ajustan con una tasa de inflación por encima del 100% anual. Entonces, la problemática es muy amplia, no solamente se centra en los alquileres, sino también en los créditos y en los UVA, imposibilitando a centenares de familias a poder acceder a su primera vivienda, resaltándose en este punto, la necesaria intervención del Estado Provincial, lo cual, si bien se dirige con sus políticas públicas a los sectores más vulnerables, el sector privado sufre también las consecuencias de la inflación y con este Convenio Marco, se crea un Área que beneficiará a todas las partes antes nombradas.