En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó a cabo una -Reunión Informativa-, de la cual participaron el Gerente General de Crucero del Sur Agrupación César Aguirre, el Delegado de UTA Diego Mendoza, por la Comisión Directiva de UTA Busto Humberto, Subsecretario de Transporte de la Municipalidad Dr. José Olmedo, la Dirección de Transporte de la Provincia representada por la Dra. Vargas Noma, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta Sylvina Portillo y las Asesoras Legales Lourdes Delgadillo y Ornella Barraza.
En la misma, el Delegado de UTA en Formosa señaló que, luego de una -Reunión Conciliatoria- en el Ministerio de Economía de Nación, entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las Cámaras Empresarias del sector nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) se decidió levantar el paro de transporte en el interior del país. De dicha reunión participaron el ministro de Economía, Sergio Massa y el de Transporte, Alexis Guerrera. De esta manera, Roberto Fernández que lidera la conducción nacional de UTA, “señaló que se alcanzó un principio de acuerdo salarial para los trabajadores del interior del país que será firmado en la Sede del Ministerio de Trabajo de la Nación; determinándose como base salarial a partir de octubre $165 mil, noviembre $180 mil y diciembre $200 mil para el conductor inicial del interior y proporcional para el resto de las categorías. Aumento proporcional de viáticos que llegarán en diciembre a $141 por cada día de trabajo y $3 mil por cada año de antigüedad. Asimismo, se determinó una asignación de $40 mil en concepto de bono y un adelanto de $20 mil para el mes de enero del año 2023”. A propuesta del Ombudsman Provincial, todas las partes acordaron insistir con un requerimiento conjunto, tanto al Ministro de Economía Sergio Massa, como al de Transporte Alexis Guerrera, “a fin de que se profundicen las medidas por parte del Gobierno Nacional en el sentido de una distribución totalmente equitativa de los subsidios para el transporte público de pasajeros, en el entendimiento de que no existen usuarios ni trabajadores de primera y segunda clase, toda vez que, en CABA y AMBA las tarifas son mucho más baratas que en el resto del país y lo mismo sucede con las compensaciones que reciben los Estados Provinciales”.