Gialluca llamó a ser objetivos y responsables al momento de abordar esta temática y sugirió a las madres y padres que enfrenten alguna demora o falta de atención de terapeutas y profesionales, que se acerquen o contacten con la Defensoría del Pueblo-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó luego de recibir desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a cargo del Dr. Daniel Alejandro López y de la Delegación con Sede en nuestra Provincia, que en relación a los trascendidos mediáticos en lo que respecta a las partidas nacionales para las obras sociales que van dirigidas a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, se nos ha informado desde la Superintendencia de Servicios de Salud, que no existe ningún recorte presupuestario, ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del Gobierno Nacional. No obstante, lo cual y para tranquilidad y garantía de todas las familias que deben enfrentar situaciones diarias que se relacionan con personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y para que no se vean obligadas a sortear dificultades con sus terapeutas y profesionales, se les sugirió que ante cualquier inconveniente, pueden concurrir personalmente a la Sede de la Defensoría del Pueblo sito en calle Padre Patiño de 8:00 a 13:00 o de 18:00 a 20:00 horas y/o comunicarse a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o al 0800 444 1770, donde serán atendidos frente a cualquier inconveniente. En este mismo sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud y ANDIS constituyeron una Mesa de Trabajo conjunta para resolver situaciones específicas de pagos a prestadores para resolver todas aquellas situaciones específicas de pagos a los mismos. En este sentido, la SSSalud y ANDIS anunciaron que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a Obras Sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente. Además, la SSSalud y ANDIS invitaron a los prestadores independientes – acompañantes terapéuticos, psicólogos/as, psicopedagogo/as, maestros/as de apoyo, entre otros – a formar parte de la próxima reunión del Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad para que puedan abordarse situaciones específicas de este sector. Por otra parte, también se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado Nacional. Se destacó que la discapacidad en su conjunto es una prioridad del Gobierno Nacional; prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones. Esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios, hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde el 2019. En lo que respecta al último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, se comunica que, del total de las Obras Sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99%y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%. Asimismo, es pertinente informar que mensualmente se destinan $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones. Estas erogaciones son financiadas a través del Fondo Solidario que se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras (Ley 23.661), y que se encuentra fuera del presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP, protegido por ley. Por otro lado, en relación a los períodos 2020, 2021 y 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, como organismo de control, validó 60.000 facturas mensuales de 45.000 prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron reclamadas por los prestadores, lo que equivale al 0,15% del total.