Gialluca señaló que, trabajamos en diversas propuestas que se oponen a las pretensiones de las empresas que buscan financiarse exclusivamente de los pagos que realizan los usuarios, sin invertir lo que corresponde y brindando servicios deficientes, por lo cual, llamamos a participar de las mismas, “pues no vamos a apoyar incrementos tarifarios que impliquen que la gente luego tenga que dejar de comer o comprar un medicamento, porque tiene que pagar una factura de un servicio público”. El Funcionario Provincial, reflexionó que, “para ayudar realmente a la gente, se debe participar en estas Audiencias Públicas, haciendo propuestas y pedidos a las Autoridades Competentes, ya que, sorteando sueldos o prometiendo pagar algunas facturas de energía, no se establecen las bases suficientes para servicios que son indispensables a cualquier grupo familiar”-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la Defensoría del Pueblo participará el próximo miercoles y jueves de las -Audiencias Públicas- convocadas por la Secretaría de Energía de Nación y en las que se abordarán, las temáticas de aumentos en las tarifas de energía eléctrica y gas, así como quita de subsidios o segmentaciones. En un contexto de inflación cada vez más acelerada y que golpea fuertemente el bolsillo de los trabajadores en general, desde el Organismo de la Constitución se adelantó que, pediremos que ciertas franjas y usuarios queden totalmente excluidos de todo tipo de aumento, entre ellos: * Las personas que vivan dentro de barrios identificados por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares). * Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. *Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. * Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. * Los titulares de programas sociales, trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social. * Trabajadoras/es incorporadas/os en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico. * Titulares de algún seguro de desempleo. *Titulares de Pensiones Vitalicias. * Veteranos de Guerra de Malvinas o del Atlántico Sur. * Titulares de certificados de discapacidad. Obviamente que, en todos estos casos, quedarán excluidos quienes sean propietario de 2 o más inmuebles, de un vehículo de hasta 10 años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y quienes tengan más de un suministro bajo su titularidad. Todos estos sectores reconocidos como los de menores ingresos, no deben tener aumentos en lo que resta del año. Por otra parte, se encuentran aquellos usuarios que son los de -mayores ingresos- y que son considerados como un 10% de los más ricos del país y que por lo tanto poseen ingresos de unos 300 mil pesos o más mensuales, lo que equivale a 3 o más canastas básicas totales, a los que tengan más de 3 propiedades a su nombre, o 3 vehículos con menos de 5 años de antigüedad, aviones o embarcaciones de lujo, a quienes se eliminará todo tipo de subsidio y pagarán una tarifa plena por ser los sectores más pudientes. En tanto queda un -tercer grupo de usuarios-, que seguramente se va a determinar por descarte, esto es por no estar ni en el primero ni en el de los más altos recursos y es aquí donde este es el sector más numeroso, donde desde la Defensoría del Pueblo nos opondremos a los aumentos que soliciten las empresas y en esto es fundamental el rol de decisión que tendrá la Secretaría de Energía de Nación y el ENRE para que cualquier porcentaje de incremento que se llegase a autorizar, sea razonable y no implique una confiscación de los ingresos de la denominada “clase media” que en los últimos tiempos viene siendo tan golpeada en argentina, que ha quedado prácticamente “desdibujada” frente a la incontrolable inflación, junto a los permanentes aumentos de alimentos, medicamentos, servicios públicos y devaluación incesante del peso argentino.