Gialluca agregó que, en el caso de Molinos Cañuelas, además restringe el desarrollo de fuentes de trabajo que pueden generar los pequeños y medianos molinos y hasta han formado cárteles institucionalizados que llevan adelante prácticas oligopólicas, donde siempre los más grandes están decidiendo sobre los demás-
La Secretaría de Comercio Interior sancionó a: Molino Cañuelas, a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), a la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445 millones de pesos por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”. La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli; el mismo monto para FAIM; $93 millones para CIM y $51 millones para Apymimra. El pago de las sanciones deberá hacerse efectivo dentro de los 10 días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que “cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo”. Se sostuvo además que, FAIM está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda, y en consecuencia “el más grande decide y los demás acatan”. Asimismo, se aseguró que Molino Cañuelas “limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional”. De acuerdo con el dictamen de la CNDC, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017”. Esas conductas configuraron “una práctica colusiva esto es un “convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, por fin el Gobierno Nacional se decide a aplicar las medidas necesarias contra quienes, están especulando con los alimentos que necesitan los consumidores. No desconocemos que productos como la harina, fideos, arroz, aceite y otros, sufren aumentos de precios por diversos motivos, pero nosotros no podemos mirar para el costado cuando existen conductas especulativas de aquellos que prevén que va haber faltante de tal o cual producto o alimento en la argentina y ya por las dudas suben sus precios, lo que termina perjudicando gravemente a todos los consumidores, especialmente a los más vulnerables.