La -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo, en el mes de la inclusión de las personas con discapacidad, participó de las actividades llevadas adelante en la Plaza San Martín junto a niñas/os del JIN Nº 4 Beatriz Molina de Stefanich – Jardín Estatal EPEP Nº 66, quienes, con diversas actividades recreativas y culturales cerraron el mes de la Educación Inclusiva, de la cual participó también el Ministro de Cultura y Educación Ing. Luis E. Basterra.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, conjuntamente con el Delegado de la Oficina del Pueblo de Nación en Formosa Dr. Julio N. Santander, concurrieron al lugar e interactuaron con las niñas/os, docentes, al ir finalizando un difícil año escolar, cruzado por la pandemia del coronavirus y donde en nuestra provincia, las actividades educativas se mantuvieron preservando la seguridad sanitaria de todos. En este punto, el Defensor del Pueblo señaló que, la empatía entre el sector público y las personas con discapacidad, continúa creciendo en base a políticas públicas específicas programadas para la contención, educación y atención sanitaria en los diferentes niveles. Entre tanto, en nuestro sector privado, todavía las personas con discapacidad de acuerdo con el INDEC, el 10,2% de la población de Argentina tiene algún tipo de discapacidad, y de ese porcentaje sólo el 32,2% tiene trabajo. Esto quiere decir que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en Argentina logra conseguir un empleo. En relación al sector público, se informó que el Estado Nacional, Provincial y Municipal, está obligado a que al menos el 4% de su personal sean personas con discapacidad, y también deben reservar puestos exclusivamente para que sean ocupados por las mismas. Pero el incumplimiento de esta ley que agrava las tendencias de desigualdad, también se traslada como una tendencia al sector privado; según la Ley 25.689, sancionada en el año 2002. Algunas de las tantas barreras a la inclusión laboral, están relacionadas con el desconocimiento sobre la discapacidad, los edificios poco accesibles, y prejuicios sobre el desempeño y las habilidades de las personas con discapacidad. En este sentido, la mayor dificultad percibida por las personas con discapacidad a la hora de buscar trabajo, es demostrar que cuentan con la capacitación necesaria para desempeñarse. Desde la Defensoría del Pueblo, entendemos que, para este colectivo, trabajar es una actividad que además de independencia económica, les permite sentirse parte, les ofrece nuevas posibilidades de interacción, y las ayuda a avanzar en el camino de la satisfacción y realización personal. Gialluca finalmente sostuvo entonces que, la educación inclusiva es aquella en la que estudiantes con y sin discapacidad aprenden juntos, en una misma aula, bajo el presupuesto de que es la sociedad la que tiene que adaptarse para incluir de forma efectiva a todos sus miembros. Si tenemos que hablar de INCLUSIÓN, es justamente porque no sucede de manera natural y se ponen en marcha dispositivos para la inclusión, que ninguna ley por sí sola garantiza. Cada niño tiene necesidades, intereses y capacidades diferentes de aprender, y de vincularse; es la sociedad y el sistema educativo el que tiene que ampliar la mirada, cambiar para alojar la Diversidad y así poder nutrirnos, enriquecernos, unos con otros.
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