Gialluca afirmó que, el congelamiento de precios transitorios representa menos que una cosquilla para los monopolios y para los verdaderos formadores de precios, que hoy se están comportando como partidos políticos y no como empresarios-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, afirmó que, el congelamiento de precios genera rechazos entre las empresas productoras de alimentos, sectores políticos opositores, los supermercadistas y ahora también apareció la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) repudiando el esquema de control de la Secretaría de Comercio Interior de Nación. A esto, se le suman también (AEA) la Asociación Empresaria Argentina que agrupa a los empresarios más importantes del país, (ACDE) Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, (COPAL) Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina y (CAC) la Cámara Argentina de Comercio. Lo más llamativo de todo esto, es que se ha reconocido que los controles de precios no son la solución definitiva, y que lo que se busca por 90 días, es el acceso a los alimentos de los consumidores y especialmente de aquellas franjas sociales más vulnerables. Hasta las Autoridades del FMI se han pronunciado oficialmente, en que la inflación es un fenómeno multicausal y que para reducirla se requiere de políticas macroeconómicas y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación. Desde el Organismo de la Constitución, se dio a conocer un informe recepcionado en el día de la fecha por parte del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Rodolfo A. Daer, adherido a F.T.I.A y C.G.T., quien, en relación al congelamiento de precios de más de 1.400 artículos de la Canasta Básica hasta el 7 de enero del 2022, “señaló que los trabajadores del sector poseen una incidencia mínima en la determinación del precio final de los productos que elaboran. El precio del trabajo (salario) es el impacto menor en la determinación del precio de los productos. Por ello, el contexto general nos permite deducir que tanto el transporte (combustibles y repuestos dolarizados) como las formas de comercialización (diferimientos de los pagos por los supermercados a 30 – 90 días o más, tienen un impacto negativo que retroalimenta el proceso inflacionario). Por otra parte, aparece otro problema, cual es que el incentivo de la demanda se encuentra desbalanceado en relación al incentivo del aumento de la producción, y que la amenaza de desabastecimiento -de instalarse- tendría su causa eficiente en esa producción deficitaria, más que la negativa a producir como táctica especulativa”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, si bien estas son evaluaciones genéricas por parte de quien representa a los trabajadores de la industria de la alimentación, “este congelamiento de precios transitorio representa una simple cosquilla para los monopolios, para los verdaderos formadores de precios que hoy en argentina se comportan como partidos políticos, pero siempre están aclarando en los medios de que en nada se relaciona con la política y entre tanto extrañamente, el dueño de Marolio junto con Horacio R. Larreta piden -ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia-, quedando entonces los consumidores en medio de disputas netamente políticas, muy alejadas de lo que realmente se pretende con un congelamiento de precios a nivel federal por el plazo de 90 días y que no es otra cosa que el acceso de la gente a bienes esenciales”.
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