Desde que se ha comenzado a convertir, con el paso del tiempo, en una conducta socialmente negativa para jóvenes y también personas mayores; que para hacer bromas o por una total falta de responsabilidad social, utilizan el servicio telefónico de emergencias policiales, el 911 del Comando Radioeléctrico, la Defensoría del Pueblo, además de repudiar enfáticamente estos hechos, “busca que se sancione a estas personas que efectúan denuncias falsas y también quiere que los Juzgados Penales y Fiscalías investiguen a las personas identificadas y que realizan llamados al 911, para hacer bromas o realizar una falsa denuncia”.
Desde el Organismo de la Constitución, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, ya ha dado las instrucciones correspondientes para presentar cuanto antes, un Proyecto de Ordenanza que contemple el caso de llamados apócrifos y en donde identificados los responsables, serán pasibles de una multa económica significativa y para el caso de no poder pagarla, lo deberán hacer con trabajos comunitarios en diversos centros de salud o dependencias que la autoridad de aplicación determine.
Por otro lado, la decisión de recurrir a la Justicia se adopta, para tratar de poner un freno a la cantidad de llamadas “inconducentes” que se reciben en el 911. El Organismo de la Constitución, en contacto con Comando Radioeléctrico a cargo del Crio. Gral. Brizuela, Ángel; “pudo conocer que existe en la actualidad un alto número de llamadas falsas y que aun cuando se determinan los números de donde se realizaron las mismas, no se concreta ningún tipo de presentación judicial y tampoco existe una instrumentación o normativa que lo contemple actualmente; lo que si se realiza son estadísticas al respecto; y todas las llamadas quedan grabadas.
Las presentaciones se realizaran en la Justicia Penal, en los casos en que se tenga identificado el número desde el que se hizo la llamada y la hora, con esto se sabrá el nombre del propietario de la línea telefónica y se contara también con la grabación completa de la comunicación.
En la Ordenanza que se redacta, se dará intervención al Juzgado de Faltas, siendo las excepciones, aquellas llamadas realizadas para amenazar con la colocación de un artefacto explosivo en un determinado lugar. En este caso por tratarse de delitos que atentan contra la seguridad pública, las denuncias se concretaran en la Justicia Penal.
El Ombudsman Provincial, señalo que no se puede poner en movimiento una importante cantidad de recursos humanos y logísticos de la Policía de la Provincia y de otros Departamentos, porque a alguien se le ocurre “jugar o molestar a los operadores de turno”; obviamente que no descartamos que entre los bromistas se encuentre siempre algún delincuente que se comunica con los servicios de emergencia, para distraer la atención de la policía y con el objetivo de ganar tiempo para cometer algún tipo de delito. “Todos debemos pensar que estas falsas denuncias, son solo el principio y que desde el vamos se esta utilizando irregularmente un servicio gratuito que fue concebido para canalizar necesidades reales de cualquier ciudadano. En este sentido también la Defensoría del Pueblo, adelanto que iniciara gestiones por ante la Delegación de la CNC Formosa y por ante las Compañías de telefonía fija y móvil, “para que incorporen en las facturas o con algún otro sistema, un detalle de cada una de las llamadas realizadas por los usuarios al 911 y sea remitida a la Defensoría del Pueblo, como así también al Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia; para poner límites a estas llamadas apócrifas.