Concurrieron en el día de ayer, nuevamente un grupo de docentes de la Escuela Nº 325 del Bº Namqom a la sede de la Defensoría del Pueblo y fueron recibidas por su Titular Dr. José Leonardo Gialluca.

Se repasaron los antecedentes sobre las inconductas profesionales de una abogada del foro local, a quienes estas docentes acusaron de haberlas estafado en su momento por una supuesta asistencia jurídica en la Dirección de Sumarios del Ministerio de Cultura y Educación, siendo que la misma prestación nunca existió y actualmente se les prosigue una causa civil, con retenciones de haberes por un juicio ejecutivo de pagares firmados bajo engaño y por un trabajo jurídico- administrativo que nunca se practico a su favor; y en donde las docentes expresaron al Ombudsman Provincial, que en Sede Administrativa, en el Expte Nº 04451-S-14 y adjuntos, ordenado por la Resolución Nº 3345/14, ampliado por su similar Nº 3464/14, Registro Interno Nº 85/14, caratulado “S/ Averiguar presunto abuso en el ámbito de la Escuela 335 del Bº Namqom”, nunca fueron involucradas en irregularidades que se les haya imputado, y por lo tanto no surge del mismo ninguna contraprestación profesional de la Dra. Claribel Erguy; lo que origino en su momento la suscripción de documentos- pagares en blanco a favor de la citada.

Por otro lado, las mismas docentes informaron al Ombudsman Provincial que en el Expte Nº 2590/14, del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 se decidió Instruir el Sumario Judicial Nº 188/15 y en consecuencia ordenar la investigación del delito de “Defraudación por suscripción engañosa de Documentos”, previsto y reprimido por el Art. 173º, Inc 3º del CPA. En la misma causa se han señalado diferentes audiencias testimoniales, y se ha citado a la abogada antes mencionada por el Juez Dr. Pedro Gustavo Schaefer, para que proponga abogado defensor de su confianza, haciéndole saber que en caso de no hacerlo, se designara al Defensor Oficial.

Desde el Organismo de la Constitución, se señalo como positivo que este tipo de casos, puedan dilucidarse no solamente en la faz administrativa, sino también en la judicial, y que se deslinde todo tipo de responsabilidades penales y civiles, pues con ello estamos llevando transparencia y seguridad jurídica a todos los ciudadanos que viven en nuestra provincia y que conocemos por nuestra diaria actividad que permanentemente son sometidos a este tipo de abusos o de engaños y es por ello que, se sugirió nuevamente, que no se firme ningún tipo de documentación, ni contratos, ni pagares, sin antes tener un correcto y objetivo asesoramiento jurídico, que puede ser otorgado por la Defensoría del Pueblo en forma gratuita.