-Se fundó la misma en que, estos delitos no solamente repercuten en el ingreso de divisas al país, sino que también, producen devaluaciones que terminan impactando en el alza de los precios de los productos básicos, que necesitamos diariamente los consumidores y, por otro lado, el Estado deja de percibir ingresos que significan menos fondos para la salud, educación, viviendas y otras políticas públicas-
Desde el -Observatorio de Derechos Políticos y Electorales- (ODEPOE) que funciona en el Seno de la Defensoría del Pueblo, se denunció públicamente que, en los últimos tiempos, es más que evidente que sectores políticos nacionales y locales relacionados con representantes de partidos políticos de derecha, junto a medios de comunicación del establishment, “han puesto su mirada y su accionar para sembrar el caos y la violencia social en Formosa”. La pregunta que cualquier ciudadano puede hacerse es ¿por qué Formosa si electoralmente por nuestra población tenemos una incidencia a nivel nacional prácticamente inexistente frente a lo que poseen provincias como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires?. Entonces surgen causas o motivaciones que no toman visibilidad y que están vinculadas con los delitos de las exportadoras de cereales que repercuten en el ingreso de divisas al país (el 60% de las divisas que ingresan, provienen de la agroindustria). Si no hay una liquidación y venta de granos dentro de la legalidad, si se sobrefactura o factura por debajo del precio de mercado o se contrabandea o se instalan otras formas de venta ilegal, se fuerza entonces a una devaluación que termina impactando en los precios de los productos básicos que necesitamos todos los días los consumidores, esto es, pan, aceite, huevos, harina, arroz, otros y al mismo tiempo, por supuesto, implica que el Estado tendrá menos tributos e ingresos que son fondos que se destinan para educación, salud, viviendas y otras políticas públicas. Así, durante el 2020 se incautaron más de 3.500 toneladas de granos, en su mayoría maíz y soja, un 55 % más que el año anterior. Gendarmería multiplicó los operativos durante la pandemia y la UIF (Unidad de Información Financiera) investiga la actividad de las principales agroexportadoras, que facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año. La UIF a cargo del Dr. Carlos Cruz, debería trabajar con mayor ahínco para desnudar las operaciones de retenciones de granos, contrabandos que suelen funcionar como delitos precedentes del lavo de activos, además de la evasión, pues la prevención es uno de los objetivos centrales de ese Organismo. En la actualidad, las principales cerealeras agroexportadoras, entre ellas Vicentin, AGD, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Cargill, COFCO, ADM agro, Molinos agro, Nidera, aceitera Deheza, facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año. Por lo que, las actividades e intereses de los políticos que visitan nuestra provincia, podría estar relacionada, justamente con esta temática y con los efectos a los que apuesta la derecha en argentina, el cual consiste en que todo salga mal, aún a costa de que sean las franjas sociales más vulnerables las que terminen pagando las consecuencias. Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se señaló que, los mismos que militaban contra la cuarentena o contra las vacunas para el coronavirus, se han dado vuelta en el aire y se han transformado “en críticos de cualquier medida sanitaria que se disponga, porque lo importante para ellos es crear la sensación de que todo está mal y originar un estado de inseguridad, más un colapso sanitario que desemboque en uno político”. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, se juntaron una serie de factores, entre ellos, el alza de contagios de Covid-19 en nuestra Ciudad y las dificultades lógicas que tiene nuestra población para seguir acatando de modo masivo las medidas de restricción, y es por ello que representantes de la derecha política argentina, redoblan sus apuestas anárquicas sobre Formosa. Queda claro entonces que el objetivo no se centra en la defensa de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos o sectores que necesitan trabajar en paz para enfrentar sus obligaciones y poder crecer y producir con normalidad; la finalidad es que nuestra extensa frontera con el Paraguay, tanto terrestre como fluvial, continúe sirviendo de vías para el contrabando de toneladas de soja, maíz y otros granos, ya sea a través de camiones o de conteiner, todo de manera ilícita, adulterando documentos o evadiendo los controles y es por ello que ante esta realidad, hemos pedido Institucionalmente a la actual Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, un trabajo coordinado con la -UIF-, para neutralizar las acciones de contrabando de los sectores agroexportadores a través de nuestras fronteras y las posibles maniobras de lavados de activos, en las que se encontrarían involucradas una serie de importantes empresas, siendo necesario trabajar para dar con los responsables materiales e intelectuales de estos delitos.
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