Se prevén subas de alrededor de un 30 a un 35% en alquileres para el presente año, lo que implica que la mitad de los ingresos totales de un hogar se destinan a este rubro, más el de servicio públicos esenciales, sin hacer referencia a todos aquellos que vieron disminuidos sus ingresos o perdieron sus fuentes laborales, quienes hoy buscan lugares alejados del centro de la ciudad-
Advirtió la Defensoría del Pueblo que, el próximo 31 de enero vence el Decreto Nº 766/2020 (prórroga del Decreto Nº 320/20) que ordena la suspensión de los desalojos y congelamiento de los contratos de locación de inmuebles cuyos vencimientos se produjeran a partir del 20 de marzo del año pasado. Es por ello que, son numerosos los inquilinos que han planteado la necesidad de la prórroga de este Instrumento, lo que se enfrenta con la dura postura de las inmobiliarias y los propietarios de inmuebles quienes expresan que existe una real necesidad de empezar a evaluar nuevos precios o valores para todos aquellos inquilinos que decidan continuar con sus alquileres o en su defecto, encontrar alternativas que no sean el no permitirles el incremento de las rentas. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la situación social y económica tanto a nivel particular como comercial, obviamente viene siendo duramente afectada por la pandemia del coronavirus. Entendemos que muchas personas quedaron sin trabajo, o el poder adquisitivo de la familia se redujo considerablemente, pero también está la parte locadora, para muchos de los propietarios los alquileres son una ayuda para cubrir sus ingresos habituales y otras necesidades. Es que, numerosos valores de alquileres quedaron congelados en valor de marzo 2020 con lo que significó el poder adquisitivo para un propietario. Además, en los últimos meses, según manifiestan las inmobiliarias del medio, existe un mayor interés en viviendas más amplias, de dos habitaciones y con patio, para sobrellevar el confinamiento; o de casas con más espacio, inclusive resignando estar cerca del centro de la ciudad y trasladarse a lugares más alejados, pero con la posibilidad dentro de este Bloqueo Sanitario de encontrar mayor verde y lugar para mínimos esparcimientos. Por otro lado, la -Federación de Inquilinos Nacional- solicitó al Gobierno Nacional una nueva extensión del Decreto que congela alquileres y suspende desalojos. En una carta dirigida al Presidente Alberto Fernández, al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y al Ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, la entidad recordó que resta menos de un mes para el vencimiento del plazo y que el problema comprende a alrededor de 9 millones de personas. El pedido consiste en que el Decreto Nº 320/20 se extienda hasta fines de marzo y el argumento de esto se basa en las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de los ingresos, sin que los precios de las viviendas disminuyeran. Según la Federación, la mitad del ingreso total de los hogares se destina sólo a pagar el alquiler y en estas condiciones, el Decreto firmado por el Presidente de la Nación a fines de marzo y renovado en septiembre es una herramienta básica para evitar una catástrofe habitacional. En este contexto, y previéndose que para este año las subas de los alquileres rondarán en un 30 o 35% aproximadamente, lo que origina incertidumbres no solamente en las inmobiliarias que son intermediarias desde donde se aclara que, los propietarios cumplieron con el Decreto y mantuvieron los precios de los alquileres y los inquilinos también cumplieron con sus obligaciones de pago, siendo el inconveniente que el ajuste del alquiler siempre va atrasado en relación a la inflación que posee el país, por lo cual, es aquí donde “las aguas se dividen” y los dueños no quieren seguir manteniendo los mismos precios. Ante esta situación, se solicitó Institucionalmente al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el Ministro de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi, “el dictado de un urgente Instrumento que permita contemplar los intereses de ambas partes, pero por sobre todas las cosas, proteger a los sectores más vulnerables que en la mayoría de los casos son los inquilinos, para establecer una fórmula que permita el cumplimiento de las obligaciones de los inquilinos sin que sus ingresos se vean afectados más allá de un porcentaje razonable y al mismo tiempo, suspender los desalojos para así evitar una catástrofe habitacional en todo el país, máxime cuando vivimos un rebrote del coronavirus en todas las provincias”.
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