Si bien la crisis económica impacta en todo el país, los gastos en publicidad de los medios tradicionales siguen cayendo, en cambio lo digital sigue creciendo. Esto es debido a que los costos de llegar a los consumidores de plataformas digitales, son más económicos que los medios clásicos, por lo que las inversiones pasaron de los anuncios de TV, diarios de papel y radios, a canales digitales y principalmente a los influencers. Así, crece exponencialmente la inversión en publicidad digital en toda la Argentina-
Desde la Defensoría del Pueblo, se formalizó un directo apoyo Institucional a la iniciativa legislativa que se encuentra en las -Comisiones de Legislación General y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación-, “toda vez que se busca regular la actividad publicitaria de los -influencers-”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que, esta nueva normativa es necesaria para proteger los derechos de los consumidores, toda vez que de ahora en adelante la publicidad de cientos de productos que se realizan por las redes sociales, “donde en la actualidad estamos expuestos a las mismas en lo que se refiera a productos alimenticios, medicamentos, bebidas alcohólicas, motovehículos, vehículos, y otros productos, y donde no siempre se respeta la protección de los derechos de niñas/os y jóvenes o los derechos de propiedad intelectual, respeto a la dignidad de las personas, la no discriminación por motivos de raza, género, religión, opinión, nacionalidad, como así tampoco se respetan los derechos de las personas con capacidades diferentes, es que surge como necesario que los anunciantes cumplan con una serie de obligaciones, -como la de especificar con claridad en los contratos la naturaleza publicitaria de su contenido y también contar con las pruebas que acrediten la veracidad de las afirmaciones que se realizan en todas las publicaciones actualmente y de esta manera llevar seguridad en todos los sentidos a la universalidad de los consumidores-. Abundaron desde el Organismo de la Constitución que, la publicidad en redes sociales ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Las marcas buscan a las y los famosos y a las personas con más seguidores en Instagram, Facebook, entre otras, para que promocionen sus productos mediante su influencia, su ingreso a la comunidad digital, donde a los fines comerciales aparece más atractiva que el público de televisión y radio. En la actualidad, en el Congreso Nacional, la iniciativa busca darle un marco legal a esa actividad con pautas de procedimiento, requisitos y obligaciones tanto en la publicación del contenido como en lo tributario. En los 15 artículos del Proyecto se establece, por ejemplo, que “toda publicidad digital realizada “por influenciadores o influencers” en las redes sociales” deberá incluir el hashtag #PublicacionPaga si el titular de la cuenta “obtiene algún rédito económico” por ese contenido. También deberá “mencionar claramente” al anunciante e identificar las “comunicaciones publicitarias digitales de productos que sean inconvenientes para niñas, niños y adolescentes”. El proyecto define los distintos tipos de contenidos o “prácticas de comunicación” que se verían alcanzados por la ley. Uno de ellos es el “unboxing”, que consiste en que el influencer comparta en sus redes, yotube, twich, etc. “el proceso de desempaquetar y/o revelar productos, servicios y/o experiencias que ofrezcan la marca/anunciante”. En el listado figuran además los “sorteos o giveaways”, las fotos y videos en las que “se exalte la presencia de una marca o se la etiquete” y “toda otra forma de anuncio o promoción viabilizada a través de redes sociales que en el futuro pueda crearse”, siempre que “exista una contraprestación entre el influenciador y el anunciante”. Debido a que la propuesta legislativa se dirige específicamente a los influencers que sean “remunerados con el cobro de un monto en dinero”, establece en otro de sus artículos la obligación de que estén inscriptos en a la AFIP como trabajadores autónomos en condición de monotributista o de responsables inscriptos. Quienes no cumplan con las obligaciones y requisitos para la publicidad digital en redes podrán recibir “multas por un valor equivalente a entre 10 y 1.000 salarios mínimos vital y móvil”. El incumplimiento también podrá ser sancionado con el retiro del anuncio de la red social y la “RECTIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES ENGAÑOSAS, INCORRECTAS O FALSAS”.