Gialluca anticipó que indagan por ante las autoridades competentes una “respuesta para todos los formoseños que se encuentran varados en la Ruta Nº11, sin que ello represente peligro alguno para la salud de toda nuestra Comunidad”-
Frente a la presentación por escrito de una solicitud de la Concejal Ana Gabriela Neme, requiriendo a la Defensoría del Pueblo, intervenga por ante el Consejo de la Emergencia Covid/19 para permitir el ingreso a nuestro territorio de los formoseños que se encuentran en la Localidad de Puerto Eva Perón -Provincia del Chaco; el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca “evacuó la misma y le pidió a la Concejal, que guarde el respeto necesario en sus intervenciones para con esta Defensoría del Pueblo, ya que consideramos Institucionalmente, que no son tiempos de enfrentamientos estériles, sino de consensos a favor de todo el pueblo formoseño”. El Defensor del Pueblo señaló que, ante la situación extraordinaria que vive el mundo, el país y la provincia, se hace necesario recordarle a la concejal ciertos puntos que ha pasado por alto y esta es una oportunidad para aclarárselos en su debido contexto: *En primer lugar, sólo durante el año 2019 hemos atendido más de 67 mil reclamos y denuncias de ciudadanos, asumiendo la defensa de los mismos; estas cifras hablan por sí solas de una inclaudicable lucha por todos los intereses y garantías de los mismos, “por ello no ha llegado nuestra hora,(como la concejal expresa), nuestra hora es cualquiera, de cualquier día y desde cualquier lugar, siempre que la necesidad y la emergencia lo amerite y usted puede dar fe de ello”, * En segundo término es de público conocimiento que las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno Nacional y Provincial en el marco de la pandemia, tienen por objeto evitar no sólo la propagación del virus, sino también el colapso del sistema sanitario, tal como ocurrió en varios lugares del mundo hasta en los países más desarrollados; de allí que la restricción de ciertos derechos como el de libertad ambulatoria o el de circulación ceden, y ésta restricción está contemplada y admitida en Tratados Internacionales, en casos excepcionales como el que vivimos. Y si tales restricciones ya no se presentan “prima facie” violatoria de derechos, debo referir que la Justicia Nacional y Provincial ya han intervenido en los casos como el que usted señala, con pronunciamientos tanto de la Justicia Provincial en primera y segunda instancia y de la Justicia Nacional donde se ha expedido el Juez Federal de Formosa Dr. Pablo Moran y la parte interesada ha recurrido dicho fallo. Decisión jurisdiccional que no puede ser enervada con la actuación de la Defensoría del Pueblo, máxime cuando ante el mismo caso, existen dos acciones similares ante distintas jurisdicciones lo que por sí ya significa un escándalo jurídico. Y si en estos precedentes, se ha sentado, la clara decisión de respetar las disposiciones de Policía Sanitaria adoptadas por el Gobierno Provincial y respecto a las cuales – por el principio de división de poderes – no pueden decidir, no encuentro lógica a su presentación, pretendiendo con ello forzar una decisión del Consejo Provincial de la Emergencia (COVID 19). Tampoco podemos soslayar que la decisión de cerrar el ingreso a nuestra provincia se debió a la necesidad de evitar la propagación del virus que se introdujo a través de los portadores que vinieron desde otras jurisdicciones y que evidentemente estos, no tomaron antes de llegar todas las medidas de precaución y protección necesarias y ya contagiados provocaron, la rápida propagación del virus en los lugares de aislamiento. Y si la actuación de la Defensoría cesa con la judicialización del caso conforme Art Nº 16 de la Ley Nº 1.065/93, me permito en este punto advertir que los derechos individuales ceden ante el derecho colectivo pues se debe evitar el mal mayor: que el ingreso en estas condiciones provoque mayor número de personas portadoras asintomáticas o no y mayor número de contagios. Institucionalmente, no podemos tampoco eludir, que veo con preocupación que un tema tan grave desde el punto de vista social, sanitario, y económico, donde miles de familias han sacrificado sus pequeñas y medianas empresas por cumplir las disposiciones sanitarias, no puedan ser respetadas por un grupo de ciudadanos quienes se han colocado en una situación seguramente evitable. Y si lo antes dicho, no resulta suficiente respuesta, tampoco puedo dejar de mencionar que advierto en muchos sectores más que preocupación por estos ciudadanos intereses políticos mezquinos buscando con ello, sacar un redito político de este contexto, que ya es por si desgraciado y que nadie lo buscó ni lo provocó menos aún para agravar la situación de nuestro Pueblo.