Señalaron desde la Defensoría del Pueblo, “que se han multiplicado las denuncias de inquilinos que vienen siendo amenazados e intimados por los propietarios de las viviendas a desalojarlos de las mismas”.
En este punto se resaltó que, “en todos los casos atendidos no median presentaciones judiciales, lo cual agrava aún más estas situaciones, toda vez que los dueños o locadores utilizan directamente vías de hecho que se transforman en intimidaciones, hacia los inquilinos, llegándose en algunos casos que hemos atendido a producirse el corte de servicios esenciales como lo son la energía eléctrica y el agua potable, especialmente en aquellos sitios donde existe una sola conexión y se prorratean los cobros de los servicios entre los inquilinos”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca advirtió que se mantiene la vigencia de las prohibiciones sobre desalojos, rescisiones y aumentos hasta el 30 de septiembre inclusive, debiendo mantenerse los valores de los alquileres vigentes a marzo pasado. Todo ello fundado en el Decreto Nº 320 donde se establece que no se pueden efectuar desalojos ni rescindirse contratos hasta el 30 de septiembre. Por otro lado, también se dejo en claro que, de generarse deudas en concepto de alquileres, las mismas recién se pagaran en el mes de octubre en 3 o 6 cuotas. Además, los inquilinos pueden exigir los datos bancarios necesarios a fin que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres, y en los casos de pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones. En tanto, los contratos de alquiler que se vencieron luego de iniciada la cuarentena, el 20 de marzo, “quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre”. También se aclaró que no puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento obligatorio, pero no pudieron llegar a ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y/o mudanza. De esta manera se busca asegurar que el inquilino no se vea obligado a pagar doble alquiler durante la actual emergencia sanitaria, debiendo abonar únicamente en la unidad en la que vive. Por último si están habilitadas a mudarse, “todas aquellas mujeres que sufren violencia de género, dado que así lo ha determinado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta”.