Representantes de comerciantes del -Paseo de Compras- de la calle Brandsen al 50 de esta ciudad, en la jornada de ayer, acudieron a la Defensoría del Pueblo, a los efectos de denunciar que son sometidos a -contratos abusivos-, cuya ejecución pretende el propietario del lugar que alberga a más de 2 decenas de puestos dedicados a la venta de indumentaria informal, deportiva y diversos artículos electrónicos, telefonía celular, etc. quienes fueron amenazados de “desalojo” por quien se presenta como titular de UNICOM SRL, con domicilio en Belgrano Nº 1470 de esta ciudad, Sr. Luis Schattner.
Los reclamantes manifiestan que han suscriptos contratos mediante los cuales les permiten la ocupación de los puestos, pero cuya naturaleza desconocen porque el nombrado nunca les hizo entrega de copias. Lo cierto es que pagan abultadas sumas mensuales en concepto de “cuotas diarias” que, aparentemente, no se corresponden con los montos declarados antes la AFIP y la DGR. En los pretensos contratos de locación, se establece que si no se abonan tres días corridos, el propietario puede por su cuenta extraer la mercadería que se encuentra en los locales y trasladarla a un depósito, procediendo al “desalojo de hecho” del inquilino. Quienes acudieron a la Defensoría del Pueblo, bajo instrucciones del Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, fueron recibidos por el Secretario Letrado, José Porfirio García y el Asesor Legal, Daniel Lezcano, los que asesoraron a los presentes de sus derechos y remitieron los antecedentes al Ombudsman el que, en la misma jornada de ayer, envió una Instancia a UNICOM S.R.L. y/o Luis Schattner y/o quien resulte jurídicamente responsable, a los efectos de que se abstengan de violar lo dispuestos por el Decreto del PEN Nº 320/20 el cual suspendió todo desalojo hasta el 30 de Septiembre del corriente año. Asimismo para que los intimados “no violen los derechos a trabajar y a disponer de su propiedad que tienen los reclamantes” dado que el propietario, a más de no aceptar propuestas conciliadoras de pagos, con reducción o espera de alquileres, expensas e intereses, les impide sacar sus mercaderías, las que pueden comercializar por diversos medios permitidos en el contexto de la flexibilización del aislamiento social obligatorio en la Provincia y así satisfacer las acreencias que se les reclama. Gialluca expresó: “Vivimos circunstancias excepcionales, la gente que ha acudido a la Defensoría desde mediados de marzo que no puede atender al público y por tal motivo el Gobierno Nacional emitió una norma que congela los alquileres desde inicios de dicho mes y suspende los desalojos y se prorrogan todos los contratos hasta el 30 de septiembre del corriente año. Toda deuda que surja deberá ser pagada con el alquiler de octubre y los saldos devengados deberán ser financiados entre tres y seis cuotas. Por otra parte, entrando a la cuestión contractual, remarco el funcionario, hemos solicitado las copias de los contratos al propietario del inmueble en cuestión a los efectos de determinar la legalidad de los mismos, pues ningún contrato de alquiler de un inmueble o porción del mismo destinado al comercio puede firmarse por menos de tres años, por un monto mensual, ajustable a los parámetros legales vigentes. Asimismo, en todos los casos ningún locador puede proceder mediante “vías de hecho a desalojar a sus inquilinos”. Todas estas son cuestiones que esperamos dilucidar a la brevedad y en caso de no lograr la colaboración del locador, los comerciantes acudirán a la justicia para denunciar la violación al Decreto del PEN y hacer valer los derechos cuya titularidad detentan.